El Gobierno amplía la reposición de empleados públicos en 2015

El Gobierno tiene previsto presentar recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de consultas en cuanto se publique oficialmente y entre en vigor esta norma, que será aprobada esta tarde por el Parlamento de Cataluña.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que se desconoce el calendario porque se desconoce cuándo darán los pasos las instituciones catalanas. Lo que aseguran es que el recurso será inmediato una vez que la ley entre en vigor y sin esperar a la firma por el presidente catalán, Artur Mas, de un decreto para convocar la consulta independentista el día 9 de noviembre.

Pero, aseguran que si la publicación en el Diario Oficial de Cataluña tiene lugar este mismo sábado por la mañana, el Consejo de Ministros se reunirá a continuación para aprobar el recurso, lo que podría suceder por tanto por la tarde. Formalmente, es el presidente del Gobierno quien ordena la interposición de los recursos, una vez oído el Consejo.Llamada a la reflexión

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría llamó este viernes a "la reflexión" a la "generalidad" de los partidos políticos antes de votar esta tarde en el Parlamento de Cataluña la ley de consultas con la que Artur Mas pretende convocar un referéndum independentista para el 9 de noviembre.

Sáenz de Santamaría realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a unas horas de que el Parlamento catalán, previsiblemente, apruebe la ley que convocaría el referéndum el próximo 9 de noviembre.

"Llamaría a la reflexión antes de aprobar la ley y al respeto de las reglas democráticas que en España son las que son y las que han decidido que sean a través de los mecanismos que establece la Constitución", afirmó.

En la jornada en la que los escoceses rechazaron la independencia de Reino Unido y el primer ministro, David Cameron, se comprometió a negociar más competencias con Escocia, Sáenz de Santamaría aseguró que "los márgenes de actuación son bastante distintos".

La vicepresidenta insistió en que los gobernantes "tienen que cumplir la ley" y es "momento de estabilidad y de trabajar juntos en muchos aspectos".

La número dos del Gobierno ha recalcado las diferencias entre el modelo escocés y España, y ha querido recordar que es uno de los estados más descentralizados del mundo, "si no el que más".

Asimismo, ha mostrado la disposición del Ejecutivo al diálogo, pero también ha advertido que en España la Constitución, que votaron todos los ciudadanos establece que las decisiones sobre la soberanía las adopta "el pueblo español en su conjunto".La reforma del aborto sigue adelante

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo hará todos los esfuerzos para conseguir el consenso sobre la reforma de la ley del aborto y que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo está haciendo desde que se abordó esta cuestión.

Así lo ha asegurado Sáenz de Santamaría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que el Gobierno, desde el principio, ha querido trabajar "con consenso" en este tema.

La reforma de la ley del aborto es"complicada" y se trata de un tema de gran sensibilidad social y con diferentes posiciones -ha continuado la vicepresidenta-, motivos por los que se llevarán a cabo todos los esfuerzos posibles para conseguir ese "importante" consenso.

Gallardón, como el resto del Gobierno,"tiene el mandato de trabajar por el consenso en todos los ámbitos, lo hace desde hace tiempo y desde que se abordó esta cuestión y todos seguiremos trabajando en ello", ha asegurado Sáenz de Santamaría.

Ha insistido en señalar que el aborto es un tema "delicado" desde el punto de vista social y que así lo ha entendido el Gobierno; por ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido por trabajar "por ese máximo consenso".

Preguntada si la reforma saldrá adelante si no se consigue dicho consenso, la vicepresidenta no lo ha aclarado, y ha insistido en el trabajo del Ejecutivo para conseguirlo.Estudia subir a más del 10% la oferta de empleo público esencial

El Gobierno está planteándose elevar en 2015 por encima del 10 % la tasa de reposición de empleo público en los que considera servicios públicos esenciales, que son la educación, la sanidad, las fuerzas de seguridad y orden público, y el control y la lucha contra el fraude.

Sáenz de Santamaría, ha recordado que en los primeros años de la crisis se destruía mucho empleo privado mientras que se seguía creando empleo público. No obstante, ha señalado que con el esfuerzo de las administraciones se ha conseguido contener esa tendencia y se ha vuelto a niveles de empleo público de 2003, aunque manteniendo una reserva del 10 % para la reposición de las plantillas de los considerados servicios públicos esenciales.

La vicepresidenta ha recordado que ya en 2014 la oferta de empleo público ha sido "un tanto más amplia" que la de 2013, con 2.899 plazas de nueva creación y promoción interna, el 147 % más.

Además, se ha aprobado también este año una oferta de empleo público extraordinaria con 166 plazas para reforzar la Agencia Tributaria del Estado y 210 plazas para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Sáenz de Santamaría no ha aclarado si al margen de los servicios esenciales, el resto del empleo público se mantendrá congelado con carácter general, como ha ocurrido en los últimos cuatro proyectos de presupuestos generales del Estado.

En los presupuestos para 2015, que previsiblemente serán aprobados en el Consejo de Ministros del viernes que viene, se tendrá que decidir también si se mantiene congelado el salario de los empleados del sector público por quinto año consecutivo.

Preguntada por la posibilidad de que en los próximos presupuestos se compense a los empleados públicos por la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, la vicepresidenta ha dicho que es una cuestión que está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional y que el Gobierno está "muy pendiente" de ese fallo.Se autoriza el contrato de obras del 'Nudo de Bergara'

Entre los acuerdos alcanzados este viernes en el Consejo de Ministros también destaca el contrato de ejecución de las obras del denominado "Nudo de Bergara" de la Y vasca, que comunica las tres capitales vascas, por 131 millones de euros.

El Gobierno ha autorizado la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, tramo Mondragón-Bergara.

La vicepresidenta ha precisado que se eleva a 131 millones de euros la cifra para las obras del denominado nudo de Bergara, donde se comunican las tres capitales vascas. Este tramo tiene una longitud de 2,6 kilómetros en el tramo Bilbao-San Sebastián, a través de municipio de Bergara.

La Y vasca es de especial importancia y forma parte del proyecto prioritario del eje atlántico ferroviario europeo, según ha destacado la vicepresidenta.

Asimismo ha añadido que dará continuidad en la línea Madrid-Valladolid-Vitoria, prolongando hasta la frontera francesa, además de permitir la interconexión de las tras capitales vascas en alta velocidad ferroviaria.

Para el Gobierno, la Y vasca es una infraestructura estratégica y en 2012 y 2013 ha habido inversiones importantes, de 1.143 millones, y que al final de este año se llegará a los 1.684 millones.Respaldo a Barcelona para que se celebre el Mundial de Atletismo

Santamaría ha anunciado el respaldó"sin fisuras y con la máxima determinación"a la candidatura de la ciudad de Barcelona para la organización de los Mundiales de atletismo del año 2019 al aprobarse el "documento que otorga las garantías solicitadas por la Federación Internacional".

Con el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, el gobierno español se compromete a contribuir "al coste financiero de la organización y mejora de las infraestructuras deportivas", informó la mano derecha de Rajoy. "Es un impulso necesario para celebrar un gran acontecimiento deportivo", agregó Santamaría.

El respaldo a este proyecto "de carácter estatal y absolutamente trascendente en el mundo del deporte", remarcó Sáenz de Santamaría, se traducirá en una serie de compromisos entre los que se incluye"facilitar los visados de entrada de todos los participantes" y la "importación temporal sin sujeción a impuestos o cualquier tipo de gravamen de los equipamientos de deportistas y personal técnico".

Los premios económicos obtenidos por los 2.000 atletas participantes en representación de 200 federaciones deportivas tampoco estarán gravados con impuestos y la "importación y exportación de cualquier divisa extranjera, así como el cambio o conversión" estará permitida.

En su apoyo "sin fisuras y con la máxima determinación" a la candidatura que competirá con las ciudades de Doha (Catar) y Eugene (Estados Unidos), el gobierno español se compromete a "garantizar la seguridad de las personas involucradas" en los campeonatos y a permitir el acceso "a una red internacional de telecomunicaciones a todos los participantes y medios de comunicación".

Las garantías solicitadas por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) también solicitaban "facilitar que la bandera de todas las federaciones miembros y de los equipos participantes se encuentre convenientemente situada en el estadio" donde se interpretarán los himnos.