La Junta de Andalucía no quiere cometer errores con todo lo que tenga que ver con el caso ERE. El descubrimiento de documentación relacionada con la causa, por la que han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es la nueva prioridad del Ejecutivo regional que preside Juanma Moreno. Por eso los encargados de custodiar estos papeles tan sensibles, cuya aparición se conoció este martes, ya han hecho varias copias de los mismos para que no se pierda ninguna información relevante. Unos archivos en los que, según ha señalado el Gobierno andaluz, hay datos que vinculan a Chaves con posibles corruptelas con una empresa cárnica de Jaén.
La Administración central andaluza ha dado varios pasos para asegurarse de que no se produzcan desapariciones de documentos. Además de haber hecho las copias y haber entregado lo descubierto en tres cajas fuertes de la Agencia de Innovación y Empleo (IDEA) a la Justicia, estos papeles ya están siendo analizados por funcionarios y personal de confianza. Los empleados públicos fueron los que precisamente hallaron estas cajas, que contenían varios sobres lacrados con los datos que, según el actual Gobierno, "ni Susana Díaz ni José Antonio Griñán quisieron entregar al juez", en palabras del portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
Fuentes del Ejecutivo regional señalan que los archivos fueron hallados "durante el puente", después de que unos funcionarios avisaran a sus superiores de que habían encontrado las cajas fuertes. Posteriormente, se abrieron esas cajas de caudales, comenzando ese análisis de lo que contenían los sobres. Es ahí donde, siempre según la versión del gobierno de Juanma Moreno, había datos que vinculaban a Chaves y al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías con esa operación para la compra de la empresa Cárnicas Molina por parte de Campofrío. Posteriormente, se hicieron las copias para asegurar que no se perdía ningún documento y se entregaron al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla.
En esos papeles estarían reflejados los acuerdos a finales de los 90 con la multinacional, entonces de propiedad española, para que comprara esta firma jienense a cambio de no reclamar ayudas públicas declaradas ilegales por la Justicia europea. Una cuestión por la que la Fiscalía Anticorrupción ya pidió la pasada semana la imputación de Zarrías y Chaves por prevaricación y malversación tras haber concedido un préstamo de 5,8 millones de euros a esta compañía, que en aquel momento pasó a llamarse Primayor. Según el ministerio público, de toda esa ayuda la Junta apenas recuperó 2,1 millones por parte de la empresa, lo que implicaría esa malversación que se le achaca a los dos ex altos cargos andaluces.
El PSOE acusa a la Junta de mentir
Todos estos archivos no cuentan con sellos oficiales o membretes, ni pasaron por "Intervención o Presupuestos", según ha denunciado Bendodo al dar a conocer la novedad de las cajas fuertes de la agencia IDEA. Lo que no ha aclarado es por qué se han encontrado estos documentos a los que dan la máxima relevancia pocas semanas después de la sentencia de los ERE y cuando llevan casi un año en el gobierno. Según fuentes de la Junta, el hallazgo se produce tras las indagaciones que realizaron varios empleados públicos precisamente tras la resolución judicial del caso por el que fueron condenados tantos Chaves como Griñán.
Una versión que el PSOE ha rechazado, a la vez que ha acusado al gobierno de Juanma Moreno de impulsar un "circo de montajes y mentiras" contra su gestión en Andalucía. En primer lugar, señalan que el juzgado no reclamó esa documentación porque el caso ERE investiga hechos desde el año 2000, mientras que los papeles son de 1998. Después, aseguran que toda la documentación que contenían las cajas forma parte del archivo de la agencia IDEA, por lo que se puede consultar tras hacer una solicitud a la administración andaluza.
El gobierno andaluz ya ha avisado de que continuará investigando todo lo relacionado con el caso ERE que encuentre 'bajo las alfombras'. Unas indagaciones que responden a su insistencia en que los socialistas no quisieron entregar documentación que les comprometía tras sus casi tres décadas gobernando Andalucía. La Justicia andaluza ya dio por probado que hubo maniobras de los expresidentes Chaves y Griñán para dar ayudas a empresas de manera discrecional a costa del erario público. Esto supuso que se malversaran hasta 680 millones de euros del dinero de todos los andaluces. Pero aún quedan pendientes las causas de las sobrecomisiones que supuestamente pagaron las aseguradoras a empresas mediadores en la trama o las ayudas concretas a ciertas compañías que se beneficiaron de este sistema sin controles.
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