Madrid, 21 sep.- El Gobierno no obstaculiza la investigación judicial abierta en Argentina por crímenes ocurridos durante la dictadura franquista, sino que ha tramitado todas las solicitudes recibidas y colaborará con la justicia argentina dentro de lo establecido en los convenios internacionales.
El Ejecutivo ha respondido así a una pregunta formulada por el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares sobre posibles obstáculos en esa investigación.
La pregunta se registró el pasado mes de mayo y su contestación, fechada el pasado 10 julio, se publicó en el Boletín Oficial del Congreso el pasado jueves, día en el que se supo que la juez argentina María Servini había dictado una orden para la busca y captura de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo.
En la respuesta escrita, el Gobierno asegura que "no está obstaculizando la investigación judicial abierta en Argentina por los crímenes de la dictadura franquista, habiéndose dado trámite a cuantas solicitudes de auxilio judicial internacional se han recibido sobre el particular".
Precisa que el Ministerio de Justicia "debe garantizar que los convenios internacionales sobre auxilio judicial internacional existentes se apliquen correctamente y garantizar que la práctica de diligencias judiciales en España se realice bajo la cobertura jurídica de dichos convenios".
"Dada la absoluta independencia del poder judicial, no corresponde al Gobierno de España colaborar con la justicia argentina en el marco de una investigación judicial sino, en su caso, y previa remisión de la oportuna comisión rogatoria, corresponde a las autoridades judiciales españolas prestar dicha colaboración", añade.
El Ejecutivo ha incidido en que "prestará toda la colaboración que nuestra legislación previa y permita", y recuerda que el pasado 8 de mayo remitió una Nota Verbal a la Embajada de Argentina recordando la existencia de un acuerdo bilateral en este ámbito.
En Argentina se abrió en 2010 una causa por delitos de genocidio o lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista, que abarca el periodo comprendido entre julio de 1936 y 15 de junio de 1977.
La semana pasada se sumaron a esa causa denuncias interpuestas por familiares de bebés supuestamente robados durante el mismo periodo en España.
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