El Gobierno chileno aumentará las penas para delitos económicos y corrupción

Santiago de Chile, 7 nov.- El ministro de Justicia chileno, José Antonio Gómez, afirmó hoy que el Gobierno presentará una reforma del Código Penal para aumentar las penas de los delitos económicos y la corrupción.

"Lo vamos a cambiar (...) tenemos a un equipo trabajando y cinco profesionales muy conocidos y a fines de marzo vamos a presentar el nuevo Código Penal", dijo el ministro en un encuentro con corresponsales extranjeros.

Gómez reconoció que la corrupción y los delitos económicos "tienen una penalidad muy baja" en Chile porque la legislación actual otorga beneficios y reduce el castigo en esos casos a los condenados que no tienen antecedentes penales.

Esta situación, dijo el ministro, lleva a que "los delitos económicos terminan en penas alternativas" como multas, pero difícilmente en condenas de cárcel.

Gómez aseguró que la mayoría de los expertos que trabajan en la elaboración del nuevo Código Penal están de acuerdo en que "hay que cambiar la penalidad y la forma de cumplimiento de las penas" en los casos de corrupción y los delitos económicos.

También reconoció que existe entre la ciudadanía una "sensación de impunidad" para quienes cometen ese tipo de delitos y consideró que los cambios en esta materia son "a largo plazo".

Durante los últimos años se han registrado algunos escándalos de corrupción y fraudes empresariales que han sacudido a la opinión pública, pero que en la mayoría de casos no se han saldado con condenas de cárcel para sus responsables.

Uno de los casos más sonados fue el de la cadena minorista La Polar, cuyos administradores reprogramaron unilateralmente las deudas de cerca de un millón de clientes con el objetivo de aumentar de forma ficticia los resultados de la firma.

La situación salió a la luz en 2011 y algunos de sus ejecutivos permanecieron varios meses en prisión preventiva. La Fiscalía ha pedido cárcel para los gerentes y el juicio se realizará durante las próximas semanas.

El último episodio de este tipo involucra a los principales socios del Grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por unos 20.000 millones de dólares.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a los dueños de Penta como presuntos autores de delito tributario por la utilización indebida de 258 boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 3,38 millones de dólares.

El caso pasó a la arena política después de que un exejecutivo del grupo denunciara que Penta financiaba las campañas del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) con dinero proveniente de negocios ficticios.