El Gobierno colombiano critica petición a la CPI por el Palacio de Justicia

  • El Gobierno colombiano criticó hoy la decisión de un tribunal de exhortar a la Corte Penal Internacional (CPI) a que investigue al expresidente Belisario Betancur por los hechos del Palacio de Justicia, cuya toma por rebeldes en 1985 terminó con cien muertos y una decena de desaparecidos.

Bogotá, 31 ene.- El Gobierno colombiano criticó hoy la decisión de un tribunal de exhortar a la Corte Penal Internacional (CPI) a que investigue al expresidente Belisario Betancur por los hechos del Palacio de Justicia, cuya toma por rebeldes en 1985 terminó con cien muertos y una decena de desaparecidos.

La solicitud al CPI la hizo el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia con la cual confirmó la condena a 30 años de prisión que le había sido impuesta previamente al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por dos desapariciones forzadas en el mismo caso.

En un comunicado público, el ministro colombiano de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, expresó que son preocupantes "las graves implicaciones de la exhortación que se hace al Fiscal ante la Corte Penal Internacional para que eventualmente presente el caso (del Palacio de Justicia) ante dicha Corte".

"Esta preocupación obedece en esencia a que tal exhortación parte de la base de considerar que en el caso en cuestión no ha habido propiamente una acción de la Justicia colombiana", agregó Esguerra.

El ministro observó que, según el Tribunal de Bogotá, las actuaciones de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano competente para indagar la conducta del jefe del Estado y otros altos cargos, "no tienen naturaleza judicial sino política".

Es una afirmación que desconoce que la Constitución del país confiere de manera expresa al Congreso "determinadas funciones judiciales", continuó Esguerra, quien recordó que, en cuanto a Betancur, dicho comité parlamentario archivó en tres ocasiones las investigaciones que le había abierto por los mismos hechos.

En un comunicado público posterior, Betancur detalló que en siete ocasiones, de 1985 a 2008, ofreció "sin reserva alguna" declaraciones o testimonios ante las autoridades que lo han requirieron para escuchar su versión de los hechos.

Unas no han encontraron responsabilidad del entonces presidente en la tragedia del Palacio de Justicia, y otras ordenaron el archivo del expediente y declararon que no había lugar a una acusación contra él, continuó Betancur, y apuntó: "Manifiesto mi permanente voluntad y disposición para seguir declarando ante las autoridades competentes, las veces que sea requerido".

Betancur (1982-1986), de origen conservador, ocupaba la jefatura del Estado por la época en la que el desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomó el Palacio de Justicia, en el centro histórico de Bogotá, para someterlo a él a un juicio político.

La toma se inició el 6 de noviembre de 1985 y terminó un día después, en medio de una contratoma militar, con la edificación destruida por las llamas y las armas pesadas.

Unas cien personas, entre magistrados, civiles y guerrilleros, murieron en la sede judicial, mientras que una decena, incluida una rebelde, fueron declaradas desaparecidas.

El ministro Esguerra insistió en que el Tribunal Superior de Bogotá, con su apreciación sobre Betancur, "deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de administración de justicia que ha sido una constante en la historia constitucional colombiana".

En la sentencia, el Tribunal de Bogotá escribió que "se dispone exhortar a Luis Moreno Ocampo o quien haga las veces de Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional, para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano".

Asimismo, llamó al Gobierno a que realice, en el transcurso de tres meses, un acto público de perdón hacia las víctimas, y también a que publique el texto de la sentencia durante un año en las páginas web de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa.

En el caso de las desapariciones forzadas, Plazas Vega ha sido el primer uniformado implicado en los hechos que ha sido condenado por las autoridades judiciales.

Plazas, que dirigía una unidad castrense y quien siempre negó los casos de desaparición de personas en el Palacio de Justicia, fue condenado en primera instancia en junio de 2010 por la juez María Stella Jara.

El fallo fue apelado ante el Tribunal de Bogotá por el coronel en retiro, cuya defensa anunció que llevará el caso hasta la tercera instancia, que es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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