Bogotá, 27 may.- El Gobierno colombiano defendió hoy ante la Corte Constitucional la participación en política de guerrilleros desmovilizados prevista en el Marco Jurídico para la Paz, herramienta que regulará la reconciliación si en los diálogos con las FARC en La Habana se pone fin al conflicto armado.
El artículo del texto que crea las condiciones para la reintegración política de las guerrillas que se desmovilicen fue demandado ante la Corte por el exviceministro de Defensa Rafael Guarín, quien alegó que ningún rebelde que haya cometido crímenes atroces puede participar en política.
Sin embargo, el Alto Comisionado para la Pazdel Gobierno, Sergio Jaramillo, argumentó que "no existe ningún estándar internacional, ni mucho menos una prohibición para que excombatientes participen en política".
Agregó que en todo caso, "la participación política individual de cada excombatiente deberá estar condicionada a su compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas".
En opinión de Jaramillo, un exguerrillero que tenga la posibilidad de participar en política tiene más probabilidades de convertirse en defensor de la paz".
Jaramillo explicó que los acuerdos logrados hasta el momento con las FARC en La Habana responden a "una lógica de inclusión política y social, tanto de comunidades como de excombatientes para que todos contribuyan a la construcción de la paz".
El ministro colombiano de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, defendió que en la búsqueda de la paz la participación política de los desmovilizados se convierte en un supuesto que afianza el reconocimiento de las víctimas.
Durante la audiencia, Gómez señaló además que es "es inadmisible que se quieran poner talanqueras jurídicas a esta histórica oportunidad de acabar con el conflicto y crear un marco legal compatible con la Constitución".
Resaltó que la participación en política de los excombatientes "es asegurar el paso a la política sin armas".
En la misma audiencia, el fiscal general, Eduardo Montealegre, enfatizó que los guerrilleros que hayan cometido delitos políticos y se sometan al proceso de paz deberían tener la posibilidad de participar en política.
Ante el problema que surge sobre los delitos conexos, señaló que debe ser el Congreso a través de una ley estatutaria el que determine cuáles son las conductas punibles que están asociadas a los delitos políticos.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, indicó que encuentra ajustada la participación de los excombatientes en el proceso democrático, siempre y cuando prevalezcan los derechos de las víctimas.
Otálora consideró "fundamental que se garanticen los derechos constitucionales" de las víctimas al afirmar que bajo esa perspectiva, es necesario el proceso de paz.
La voz contraria al Marco Jurídico para la Paz fue la del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien señaló que "permitir la participación en política automática de autores de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, equivale a violar los derechos de las víctimas"
En su opinión, "los derechos de las víctimas son justamente eso, derechos" y por ende serían violados si se permite que líderes guerrilleros responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios se convirtieran en diseñadores de la institucionalidad.
En agosto pasado, la Corte Constitucional dio el aval al Marco Jurídico para la Paz aprobado en el Congreso en junio de 2012.
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