
El Ministerio de Economía y Hacienda ha enviado un comunicado aclarando que el Estado español "no debe nada" al empresario José María Ruiz-Mateos, propietario del Grupo Nueva Rumasa.
Esta declaración es respuesta a la oferta hecha por el empresario andaluz a los tenedores de pagarés de Nueva Rumasa, en las que les ofrece los derechos de cobro sobre las posibles indemnizaciones que pudiera recibir por la expropiación de la antigua Rumasa, hace tres décadas.
Ante ello, el Ministerio de Economía y Hacienda subraya que existen más 200 sentencias firmes del Tribunal Supremo contrarias a los intereses de la familia Ruiz-Mateos, que se cierran con el fallo de la sentencia de 22 de noviembre de 2004, que fija un valor "de cero pesetas" como justiprecio del Grupo empresarial Rumasa.
Estos argumentos contrastan con los esgrimidos por el empresario, quien asegura tener abiertos, actualmente, varios procesos en los que solicita la retasación de los bienes de la antigua Rumasa.
En concreto, estos procesos se encuentran ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, e incluso una de ellas, la relativa a Galerías Preciados, en la que la cuantía de lo solicitado asciende a 6.000 millones de euros, la reclamación esta pendiente de resolución por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha admitido el correspondiente recurso, el pasado mes febrero, y normalmente resolverá en un plazo entre 18 y 30 meses.
A pesar de existir estos pleitos, Economía intenta esquivar cualquier responsabilidad al asegurar que "hasta la fecha no ha existido, ni existe ninguna obligación del Estado como consecuencia de sentencia firme o en resolución de ejecución de la misma para abonar cantidad alguna a los accionistas mayoritarios (familia Ruiz-Mateos) de Rumasa".
Además, asegura que "el único fallo judicial que ha recaído hasta la fecha (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2010) es contrario a las pretensiones de la familia Ruiz-Mateos, sin reconocer a su favor derecho de pago alguno".
Por último, aclara que, "no existe, ni hay previsión de que exista, ninguna transacción judicial o extrajudicial entre el Estado español y el señor Ruiz-Mateos".
"Estos datos, que hablan por sí mismos, deben ser tenidos en cuenta y valorados por los titulares de pagarés y participaciones de las empresas integrantes de Nueva Rumasa", sentencia Economía y Hacienda.
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