El Ejecutivo pondrá en marcha una mesa de diálogo social para abordar y concretar las propuestas que se recogen en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Así lo han anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en un comunicado en el que, además, añaden que la mesa vendrá acompañada de la creación de grupos de trabajo que abordarán cuestiones tales como la elaboración de unas nuevas bases del Estatuto de los Trabajadores.
Tras el encuentro que han mantenido este martes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, el Gobierno ha afirmado que una de las líneas prioritarias de trabajo será la búsqueda de consensos en materia de pensiones para garantizar la sostenibilidad social y económica del sistema público y preservar, a su vez, el equilibrio financiero.
Los grupos de trabajo también abordarán la creación de unas nuevas bases del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, el Gobierno ha señalado que la importancia del nuevo marco de relaciones laborales requiere de una reforma legal "profunda, integral, con carácter de permanencia y que sea capaz de adaptar la legislación laboral a los nuevos retos de la economía y del trabajo", garantizando así un "Estatuto del siglo XXI". "Ese nuevo marco ha de articularse dentro del respeto al Derecho de la Unión Europea, así como de acuerdo con las diversas estrategias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", ha añadido.
Las mesas de trabajo también abordarán la eliminación de la prevalencia de los convenios de empresa por encima de los del sector, se estudiará la adaptación de las jornadas de trabajo como alternativa al despido y el fomento de las políticas de igualdad. Las mesas de trabajo también tendrán como prioritaria la lucha contra la brecha salarial para garantizar la igualdad y se revisará y promocionará el contrato de relevo y el contrato en prácticas.
Durante el encuentro, tanto agentes sociales como el Gobierno han coincidido en la necesidad de intensificar la lucha contra la economía sumergida. En esta línea, el Ejecutivo ha anunciado avances en el borrador del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, que se llevará a cabo con "una metodología participativa en la que se incluirá a los interlocutores sociales y las comunidades autónomas".
Gracias a este plan se reforzarán las labores de la Inspección de Trabajo para combatir las malas prácticas laborales alrededor de la figura del falso autónomo, los abusos de la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial no voluntaria, que además encubre jornadas a tiempo completo.
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