El Gobierno asume que el debate sobre la investidura de Pedro Sánchez podría no ser antes de que acaben las vacaciones navideñas. De hecho, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha dejado ver que Moncloa ya cuenta con verse obligada a retrasar sus planes hasta después del día 6 de enero. Algo motivado por el retraso de la Abogacía del Estado en desvelar el contenido de su escrito sobre los derechos como eurodiputado de Oriol Junqueras que reconoció el Tribunal de Justicia Europeo, y que es clave para que ERC vuelva a sentarse a negociar con los socialistas.
Según ha recordado Celaá, los servicios jurídicos estatales tienen hasta el día 2 de enero para mandar sus alegaciones al fallo de la Justicia europea sobre el jefe de filas de Esquerra. Un aviso que ya lanzó un día antes la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que causó mucha sorpresa en parte del Ejecutivo, que ha hecho todo lo posible por acelerar los plazos para celebrar el debate para investir al presidente en funciones lo antes posible. "Puede hacerlo y gestionar el plazo de la forma en la que mejor le parezca", ha dicho la ministra de Educación en funciones sobre la Abogacía del Estado y el proceso en marcha.
La portavoz, que ha comparecido ante los periodistas rompiendo la tradición de que la última rueda de prensa del año la ofrezca el propio presidente, ha señalado a su vez que la decisión del TJUE es "novedosa porque cambia la doctrina". Según ha explicado, esto responde a que el tribunal ha determinado que los eurodiputados ahora disponen de inmunidad "desde que son proclamados", cuando antes era decisión de cada Estado miembro qué formula elegía para considerar que cualquier persona es europarlamentario. Lo que motiva, según ha apuntado, que la Abogacía del Estado esté estudiando de manera pormenorizada todo lo que corresponde a este fallo europeo. Y que explica por qué Moncloa ya se ve en una investidura posterior a las dos semanas de vacaciones navideñas.
A pesar de recibir varias preguntas sobre las fechas para la investidura, Celaá ha vuelto a insistir en que el objetivo es hacerla "cuanto antes" tras admitir que ahora la pelota está en el tejado de la Abogacía del Estado. Su informe será clave para la negociación con ERC, sobre la que ha dicho que "el partido aún no ha terminado". Pero sí ha negado que el ámbito político vaya a influir en los informes del ámbito judicial. "La Abogacía tiene una avalada trayectoria de solvencia, que hemos ido conociendo en su propuesta de tipificación de la pena del procés", ha presumido la ministra, en referencia a que el Supremo condenó a los acusados por sedición, tal y como propuso el cuerpo de letrados del Estado.
Celaá también ha aprovechado su comparecencia para defender al Tribunal Supremo de las críticas que ha recibido por su negativa a que Junqueras pudiera recoger su acta de eurodiputado. Unos reproches que han llegado especialmente desde el independentismo. La ministra ha señalado que fue el propio Alto Tribunal el que preguntó a la Justicia europea por la inmunidad del exvicepresident de la Generalitat, debido a que "es el intérprete supremo de la norma europea". Siguiendo con esta línea, la portavoz del Ejecutivo ha incluido en su defensa de los tribunales al de Luxemburgo, del que ha dicho que "no es una instancia extranjera, y sus decisiones no pueden considerarse un varapalo".
"Ahora corresponde al Supremo hacer su trabajo, con proporcionalidad y en base a la Constitución y a los tratados de la Unión Europea", ha dicho la ministra, que ha apuntado que el papel de la Abogacía es "solo de presentar alegaciones", ya que la decisión sobre el futuro judicial de Junqueras solo le corresponde al tribunal que preside Manuel Marchena. Sobre que la Fiscalía consumiera solo un día del plazo y los servicios jurídicos del Estado estén "marcando sus tiempos", Celaá ha puntualizado que "ambas partes tuvieron pronunciamientos distintos durante el juicio", por lo que no tiene por qué coincidir a la hora de desvelar sus escritos.
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