Madrid.- EL vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "sorprendente" que después de año y medio de instrucción y de que se archivara dos veces el presunto caso de espionaje a políticos del PP ahora, "en tan sólo 14 días", se nombra a una ponente y se abre de nuevo la causa.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González se ha referido así a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de estimar un recurso de apelación del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional contra el sobreseimiento del caso de presunto espionaje a políticos del PP, entre ellos Manuel Cobo y Alfredo Prada.
El "número dos" del Gobierno regional ha recalcado que la Comunidad "respeta la resolución judicial" pero ha mostrado la "sorpresa" que produce que una causa como esta, que se archivó en dos ocasiones al no existir indicio de delito, se reabra ahora en "un tiempo récord" de 14 días, el transcurrido desde que se designa la ponente (la hermana de la abogada socialista Cristina Almeida) hasta que la Audiencia reabre la causa.
Según González, el Gobierno de Madrid confía en que la Justicia archive por tercera vez la causa "como lo ha hecho las dos ocasiones anteriores".
Ha comentado con ironía que, dada la premura con la que se ha reabierto la instrucción, "debe tratarse de uno de los récords mayores de la actuación de la Justicia en un caso de esta naturaleza".
Además ha asegurado que no es habitual que a un caso como este se le de "un tratamiento tan rápido" y que se haga "curiosamente, basándose en un único recurso", el que ha presentado el PSOE de Madrid.
En cuanto a las acusaciones que ha hecho el grupo regional socialista acerca de la existencia de fondos reservados en la Comunidad de Madrid para pagar a los presuntos espías, el vicepresidente ha indicado que "lo que diga Tomás Gómez (líder del PSM) es manifiestamente mejorable".
González ha recomendado "prudencia" al candidato socialista a la presidencia regional y le ha pedido qued explique por qué en Torrejón de Ardoz se perdieron 12 millones de euros en un caso que para Gómez no era prevaricación administrativa o por qué la número dos del PSM y ex alcaldesa de la localidad, Trinidad Rollán, está condenada por malversación de fondos por adjudicar obras "a una empresa y no a otra".
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