El Gobierno destina más de 100 millones a paliar los efectos de las inundaciones

El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley de ayudas por el cual se compromete a paliar los efectos de las últimas inundaciones registradas durante los meses de enero y mayo. La cuantía anunciada supera los cien millones de euros, según cifras provisionales que ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.El decreto ley prevé la cobertura de los daños ocurridos como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos entre el pasado mes de enero y el 31 de mayo, lo que incluye los efectos causados por la crecida del río Ebro, la peor de los últimos veinte años, que ha afectado principalmente a Zaragoza y los pueblos colindantes provocando el desalojo de unas 1.500 personas.Tanto Sáenz de Santamaría como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz han asegurado que la evaluación de los perjuicios aún no es completa y que los efectos todavía persisten en algunas zonas, son necesarias "acciones urgentes" para iniciar las reparaciones de bienes públicos y conceder las ayudas a los particulares.Fernández Díaz ha recalcado que sólo quedan exentos de este decreto ley: Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Las administraciones afectadas calculan que el cómputo total de los daños gira en torno a 105 millones de euros.Uno de los montantes más importantes previstos en el real decreto ley serán 25 millones de euros destinados a la limpieza de los cauces y del dominio público hidráulico, ha añadido el ministro del Interior, que ha querido recordar que "en 2013 y 2014 la inversión ascendió a 70 millones de euros".El ministro del Interior ha destacado que en las inundaciones causadas por el río Ebro siguen trabajando 450 efectivos de la UME, miembros de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Guardia Civil, Policía, los bomberos de Zaragoza y voluntarios. "Más de mil personas que solidariamente desarrollan trabajos para que esas zonas puedan volver a la normalidad", ha subrayado Fernández Díaz.Estas ayudas también contemplarán los daños causados en viviendas y enseres, en explotaciones agrarias, caminos privados en fincas o pérdidas de terreno por el agua, han explicado.Además, han anunciado la creación de una Comisión Interministerial que vigile si se cumplen las medidas contempladas en este decreto anunciado, de manera que antes del 30 de octubre se deberá presentar un informe de impacto para ver si se ha cumplido lo expuesto. Este órgano contará con los delegados del Gobierno de todas las comunidades y los ministerios afectados (Interior y Aguicultura).

Tras esta reunión, el presidente del Gobierno ha viajado a Aragón para conocer 'in situ' la situación de los afectados. Rajoy ha visitado la ribera del río Ebro y ha mantenido una reunión en el Pabellón Puente de la Expo con alcaldes de los municipios afectados por la crecida del río. Tras esto, Rajoy recorrió alguna de las zonas afectadas.

El presidente del Gobierno ha seguido de cerca la evolución de la crecida del río Ebro, en contacto con la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y los ministros de su Gobierno que han visitado la zona, Jorge Fernández Díaz e Isabel García Tejerina.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, se reunió este domingo con los consejeros de Medio Ambiente de Aragón, La Rioja y Navarra, Modesto Lobón,Íñigo Nagore y Javier Esparza, y destacó el "compromiso" de las Administraciones implicadas para "reponer la situación del río al periodo anterior a la crecida extraordinaria".El Consejo autoriza a Rajoy a recurrir ante el TC la ley catalana de acción exterior

Otra de las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros ha sido la autorización al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de acción exterior.

El Gobierno está molesto, no por la ley, que entró en vigor el 12 de diciembre pasado y su redacción está cuidada con esmero, según apuntan, sino por el uso que ha hecho la Generalitat de ella.

En los últimos meses la Generalitat ha tomado distintas decisiones en materia de acción exterior que han alarmado al Ejecutivo en tanto en cuanto parecen desconocer que la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la Nación y que las autonomías deben mantener el principio de unidad de la acción exterior del Estado, según fuentes gubernamentales.

A finales de diciembre la Generalitat publicó un decreto por el que anunciaba la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en Roma y Viena.

Sin embargo, comunicó la medida al Gobierno español tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Generalitat,cuando la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado le obliga a avisar con carácter previo, pues los Ministerios de Exteriores y Hacienda deben elaborar sendos informes no vinculantes sobre la oportunidad y conveniencia de tal decisión."Cataluña no es un Estado y, por lo tanto, no tiene capacidad para establecer esas decisiones democráticas", ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa.

De ahí que el Gobierno haya decidido también recurrir estos decretos por la vía de lo contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Cuando el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso (todos se admiten salvo error formal en la redacción del recurso), acordará también suspender la vigencia de la ley en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.

Esta suspensión será por un máximo de cinco meses. Antes de que concluya este plazo, el tribunal deberá decidir si prorroga la suspensión o la levanta. La Generalitat además tiene derecho a recurrir la suspensión de su ley.Alentar la secesión

Pero además, y en palabras del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, el Gobierno percibe un intento por parte de la Generalitat de que estas nuevas delegaciones se parezcan cada vez más a una Embajada, que solo puede abrir el Ejecutivo español y está convencido de que no se abren para defender los intereses catalanes o promover su lengua y su cultura, sino "para alentar el proceso secesionista".

Objetivo que choca claramente con la obligación que tienen las Comunidades Autónomas de no actuar en contra de la política exterior de España, que dirige el Gobierno español, tal y como especifica la Constitución española en su artículo 97.

Una sentencia posterior del Tribunal Constitucional de 1994 fijó los límites que debe tener la acción exterior de las CCAA, cuya actividad no puede incidir en la política exterior del Estado, ni generar responsabilidades para el Estado frente a otros países extranjeros u organizaciones internacionales, entre otras cosas.

Otra de las decisiones controvertidas adoptadas por la Generalitat tras la entrada en vigor de la ley catalana de acción exterior es el cambio formal en el cargo del jefe de la delegación catalana ante la UE.Elevando el rango del representante en Bruselas

El pasado 13 de enero la Generalitat catalana nombró al periodista catalán y exportavoz de la Comisión Europea Amadeu Altafaj como su "representante permanente ante la Unión Europea".

Cataluña tiene una delegación en Bruselas desde 2004. Fue la primera oficina de representación política que Cataluña estableció fuera de España, a la que posteriormente seguirían otras en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y próximamente se unirán Austria e Italia.

Hasta la fecha, al frente de estas oficinas estaba un "delegado" de la Generalitat, pero el nombramiento de Altafaj es el primero en el que el Gobierno autonómico denomina formalmente a este cargo político "representante permanente".

El problema estriba en que se trata del mismo término con el que se denomina a los embajadores de España ante las organizaciones internacionales, de ahí que el Ejecutivo también haya decidido recurrir este aparente movimiento de la Generalitat de elevar el rango de su representante en Bruselas, para lo que tiene de plazo hasta mediados de este mes.

Entre tanto, el Gobierno ha remitido un escrito a la Generalitat dándole la oportunidad de rectificar el nombramiento del representante permanente si quiere evitar el recurso. Sin embargo, el Ejecutivo no ha recibido por parte del Gobierno catalán muestra alguna de querer dar un paso atrás.Más de mil millones al programa para parados de larga duración

Entre las medidas aprobadas también se ha presentado un crédito extraordinario de 850 millones de euros para financiar durante 2015 el Programa de Activación para el Empleo dirigida a desempleados de larga duración con responsabilidades familiares.

El Ejecutivo prevé que el coste total de este programa, que entró en vigor el pasado 15 de enero y seguirá hasta el 15 de abril del próximo año, supere los 1.000 millones de euros.

Durante este tiempo, la cifra estimada de beneficiarios supera los 400.000, de los que el Ejecutivo espera que más de 350.000 participen en el programa durante este año.

Asimismo, el Gobierno apunta que Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias serán las comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios.

El programa tiene como beneficiarios a los desempleados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado toda protección por desempleo y estén buscando activamente empleo.

Los beneficiarios participan en un conjunto de medidas de activación definidas por los servicios públicos de empleo competentes a través de un itinerario personalizado de inserción (IPI) y se les asigna un tutor individual.

Al mismo tiempo, tienen derecho a percibir una ayuda de acompañamiento durante seis meses equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 426 euros mensuales.

El programa permite compatibilizar hasta cinco meses la percepción de esta ayuda con el trabajo por cuenta ajena, de forma que se convierta en un incentivo adicional a la contratación.