El Gobierno elimina el decreto que dejaba sin sanidad a los inmigrantes sin papeles

  • Sólo tenían derecho a Urgencias y las mujeres embarazadas a ser atendidas en el parto y post parto. Un nuevo decreto ley del PSOE anulará el del PP.
Fotografía Isabel Celaá
Fotografía Isabel Celaá
Moncloa

El Gobierno va a aprobar en seis semanas un real decreto para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y suprimir así el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que "suprimió" dicha universalidad, según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el Real Decreto fue publicado", ha dicho Celaá.

"Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud", ha aseverado la ministra.

Los inmigrantes sin papeles sólo tenían derecho a Urgencias y las mujeres embarazadas a ser atendidas en el parto y post parto. Un nuevo decreto ley del PSOE anulará el del PP en el plazo de dos meses.  La reforma sanitaria, aprobada con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, introdujo también nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaban a a los pensionistas.

El anterior decreto de 2012 levantó ampollas en algunas comunidades autónomas que decidieron no cumplirlo. Algunos gobiernos autonómicos aprobaron iniciativas para aumentar la protección a los "sin papeles", que fueron recurridas por el anterior Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que éste revocó al considerar que este colectivo no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, como ha recordado la también ministra de Educación.

Al ser preguntada Celaá si cree que les puede suceder algo parecido, se atreve a aventurar que "cuando tengamos el nuevo decreto no habrá ninguna comunidad autónoma que lo incumpla. Se instalará la protección a la salud de manera integral".  El Gobierno abre así un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado. Ha desvelado también que "creo que había muchas comunidades afines al gobierno del PP que estaban muy incómodas con el cinturón de ese real decreto y me atrevo a pensar que cuando lo tengamos aprobado será cumplido en todos sus términos".

Los enfermeros aplauden la decisión

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha calificado de "gran noticia" el retorno a la universalidad de la sanidad. Pérez Raya ha valorado en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido revocar el real decreto que dejó a 800.00 inmigrantes sin tarjeta sanitaria, y ha recordado que "la protección de la salud es un derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución"."Celebramos este retorno a la universalidad de la asistencia por lo que tiene de equitativo, solidario y justo, al poner en claro que las personas, por el hecho de serlo, están por encima de cualquier otra consideración política o económica", ha señalado.

Por su parte, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha señalado que "es un buen día" al volver a restituir el principio de que la sanidad sea un bien publico universal al alcance de los españoles y de los que residen sin ser españoles, que "cercenó" la reforma sanitaria del PP.

Un principio que comparte "mucha gente" en España, ha dicho Marugán en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Barajas, donde ha recordado que la institución que dirige "atacó desde el primer momento" el real decreto de reforma, que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes "sin papeles", y que el nuevo Gobierno ha anunciado que va a sustituir por otra norma. "Este Gobierno hace cosas que están bien, que marcan una cierta diferencia y una cierta orientación, y la gente que quiere una sociedad más justa e integrada nos sentimos relativamente satisfechos", ha señalado.

El Defensor del Pueblo ha aprovechado para pedir al nuevo Ejecutivo que analice "con interés" el tema de los copagos, en lo que respecta a las personas mayores. Por otra parte, ha dicho que ha enviado a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, un análisis con valoraciones sobre la reforma laboral que señala que la política económica de los últimos años ha hecho que "las desigualdades hayan adquirido unos niveles relativamente elevados".

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