La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mostró este viernes "la disposición" del Ejecutivo de España a endurecer la normativa de seguridad de los aviones en función de las decisiones que adopte la Agencia Europea de Seguridad Aérea.
Sáenz de Santamaría realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que la Fiscalía de Marsella adelantara que el avión de Germanwings se estrelló en los Alpes franceses una vez que el copiloto de la aeronave se encerró en la cabina y accionó el"descenso" voluntario del avión.
"Estamos a disposición de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para establecer modificaciones", afirmó la 'número dos' del Gobierno tras remarcar que la normativa de seguridad depende del reglamento europeo y, a partir de ahí, "cada compañía" puede optar por endurecer aún más las medidas de seguridad.
Señaló que, con todo, la normativa europea "era de las más exigentes". "Siempre mejora y no es descartable que se endurezca con carácter definitivo o temporal", avanzó para remarcar que es "muy dinámica y está en constante cambio".
A partir de ahí, Sáenz de Santamaría reconoció que "otros organismos pueden introducir mejoras", así como "la conveniencia de modificar" la regulación sobre la presencia en cabinas o la renovación de las licencias fijadas por análisis psíquicos y psicológicos que se deben renovar cada 12 meses siempre que no haya una advertencia "de un tercero".
"Es una tema que la Agencia Europea de Seguridad Aérea está evaluando y estamos dispuestos a partiticipar en el análisis de cuestiones que puedan redundar en la seguridad", dijo para ofrecer "la colaboración y experiencia" de las autoridades españolas. "Se pondrá encima de la mesa", avanzó.
Preguntada por la posibilidad de que España pueda personarse en la causa del accidente del Airbus 320, Saénz de Santamaría abrió la puerta a hacerlo, aunque reconoció que es prematuro. "Si a lo largo del procedimiento las autoridades españoles consideraran que hay que adoptar cualquier tipo de acción, está reglado y se ejercerá", avanzó.
Explicó que las autoridades fracesas han abierto "un proceso judicial", que también se sigue en la Audiencia Nacional de España, con la apertura de un procedimiento en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona) y que entre la Fiscalía española y francesa la colaboración es "máxima".
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