El Gobierno estudia enterrar los restos de Franco en el cementerio de La Almudena

El Gobierno está dispuesto a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, una vez que el Tribunal Supremo lo avale en su fallo de la semana que viene, con las miras puestas en volver a inhumarlo donde sea posible menos en la Catedral de la Almudena o cualquier otro lugar en el que se pueda convertir en un centro de exaltación de su dictadura. Si la familia del Caudillo bloquea cualquier opción de poner la tumba en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, como pretende el Ejecutivo, desde Moncloa se ha contemplado ya la opción de que los restos vayan a parar al cementerio municipal de La Almudena, en Madrid, que sería el sitio que le correspondería desde el punto de vista administrativo. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que esa posibilidad ya se ha contemplado y se han elaborado los informes correspondientes para avalarlo, por si finalmente fuera necesario hacerlo.

Falta una semana para que la Sala Tercera del Supremo se siente a decidir sobre la exhumación de Franco y las alarmas se han desatado en la Vicepresidencia en funciones de Carmen Calvo ante el hecho de que los magistrados podrán decidir sobre la exhumación y sobre la inconveniencia de que se coloquen sus restos en la Catedral, el centro neurálgico y turístico de Madrid, pero será complicado que marquen el sitio en el que debe ser enterrado. Los propios jueces han hecho llegar un mensaje subliminal a los políticos en el sentido de que nunca podrán decidir el lugar donde se debe enterrar a nadie, por ser algo sobre lo que no existe ningún tipo de legislación y que no corresponde al alto tribunal tratar, mucho menos si está en contra de lo que quiere su familia.

“La autonomía de la voluntad permite que la gente nazca donde quiera y elija el lugar y la forma de su entierro, si tiene oportunidad de hacerlo”, explican fuentes jurídicas conocedoras de este caso. “Si el fallecido no tiene decidido o marcada la forma de sus exequias, lo normal es que lo decida la familia más cercana, algo que se sale de la decisión de un tribunal, incluso de un Gobierno”, explica un letrado experto en temas de derecho canónico. Los nietos de Franco han presentado un recurso en el que se oponen de forma radical a que los restos de su abuelo vayan a parar a un panteón de titularidad pública, como el de El Pardo, que pasó a manos del Ejecutivo hace unos meses con la idea de colocar la tumba junto a la de la esposa del dictador.

En este último enfrentamiento del mes pasado, la familia insistió en utilizar su panteón de la Catedral de La Almudena y, si no es posible, cabría la posibilidad de comprar otro panteón en una ubicación que ellos eligieran, donde más adelante incluso se podrían llevar los restos de Carmen Polo. Esa mínima posibilidad es la que ha puesto en guardia a los servicios del Estado para analizar y contemplar la opción de que, finalmente, la tumba se coloque en el cementerio de La Almudena, al este de Madrid.

No era un familiar cualquiera

El magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo, considerado un juez progresista en el ámbito judicial, será el encargado de redactar la ponencia en la que se decidirá y justificará el fallo que avale la exhumación de Franco y su posterior inhumación. El tribunal lo preside Jorge Rodríguez Zapata y lo integran Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso y Segundo Sanz. Fuentes cercanas al Supremo aseguran que, si se tiene en cuenta los argumentos esbozados en el auto del mes de julio que frenó todo el proceso al aceptar las cautelares pedidas por la familia, los jueces tienen claro que la decisión tendrá en cuenta que Franco no era un ciudadano o familiar más, sino un jefe de Estado que fue una figura clave de la historia de España. En esa ocasión, el propio ponente del Supremo señalaba que habría una sentencia de fondo, motivada y congruente con lo que piden las partes, pero en la que “se defenderá el interés general de todo el Estado y no solo el de unos nietos (los de Franco) que han sido agravados por el traslado de los restos de su abuelo”.

Con esa base y el respaldo legal de la Ley de Memoria Histórica, fuentes jurídicas aseguran que se puede fundamentar en derecho (si así se decide) la exhumación de los restos del dictador y su inhumación en un lugar que no sea tan céntrico como la Catedral de La Almudena, reforzado aún más con el objetivo de evitar problemas de orden público en Madrid al facilitar que se realicen actos con gran repercusión de exaltación de la dictadura de Franco. Pero lo que los magistrados no pueden garantizar es su capacidad para decidir dónde se deben inhumar después los restos. Entrar en esa discusión podría provocar que el fallo final no sea unánime.

Además de la familia Franco, contra el Estado están personados la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Por su parte, la Abogacía del Estado ha advertido en numerosas ocasiones todas las decisiones del Ejecutivo cumplen la legalidad, no vulneran los derechos familiares y están avaladas por la Ley de Memoria Histórica.