El Gobierno ha extendido la prohibición de cortar el suministro de los servicios básicos, luz, gas y electricidad, mientras dure la alarma desatada por el coronavirus. No es una medida que sorprenda a las empresas. Las más grandes, Endesa, Iberdrola o Naturgy ya habían adelantado medidas para suavizar el impacto de la crisis, bien renunciando a cortes por impago (Endesa) o bien facilitando el aplazamiento y fracionamiento de las facturas -Iberdrola o Naturgy-.
El Ejecutivo ha decidido ampliar también la protección ante cortes de suministro al sector de las telecomunicaciones. En pleno estado de alarma, con el confinamiento y el teletrabajo obligados de millones de personas, la conectividad en los hogares se ha convertido en un servicio crítico. Y es por eso que el Ejecutivo también impide que las grandes operadoras en España -Telefónica, Orange, Vodafone y Másmóvil- puedan interrumpir el servicio en caso de impagos por parte de las familias. Por el momento, ninguna de las compañías han planteado medidas de fraccionamiento de abonos, ni aplazamientos como sí han puesto sobre la mesa las energéticas.
Las empresas han acogido la medida sin sobresaltos. En general, habían previsto medidas para no añadir angustia a la angustia de muchos hogares que ven amenazados sus ingresos y viven con ansiedad por lo que pueda pasar en las próximas semanas.
En la práctica, los cortes súbitos de servicio no son habituales. Desde 2017 no caben medidas drásticas e inmediatas por impago. Las comercializadoras deben comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento, tras lo cual podrán reclamar el pago. Pero antes de cortar el suministro tienen que efectuar hasta tres reclamaciones del pago.
Las comercializadoras, hasta ahora, podían cortar el suministro en dos meses desde la reclamación fehaciente de pago. No obstante, en el caso de los consumidores vulnerables acogidos al bono social el plazo se amplía a cuatro meses.
La zona cero de la vulnerabilidad son, en todo caso, los colectivos reconocidos como vulnerables. Para ellos se pensó el bono social. A finales de 2019, el bono social de electricidad beneficiaba a un total de 1.303.530 personas, un millón más que en marzo de 2018, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El bonosocial lo financian las grandes compañías, según su cuota de mercado. Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol -que adqurió Viesgo- aportan el 91,5%. En general, las grandes compañías no sufrirán un gran quebranto por los impagos que se puedan producir en los próximos meses. Hay picaresca, admiten fuentes de laas empresas, pero no se esperan grandes problemas.
El escenario, en todo caso, es nuevo. Por ello, el Ejecutivo incluyó en el decreto del estado de alarma su facultad de adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural previstas en las leyes del Sector Eléctrico y de Hidrocarburos, que permiten que, en caso de ser necesario, el Gobierno pueda intervenir empresas para asegurar la continuidad del suministro o reducir la velocidad máxima en las carreteras, entre otras medidas.
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