París.- El Gobierno francés llevó hoy al Senado su polémico plan de refuerzo de la lucha contra la delincuencia, en el que se incluye el endurecimiento de las penas para quienes atenten contra la autoridad pública, como policías, gendarmes o funcionarios de prisiones.
El proyecto llega al Senado después de que este verano las intenciones del presidente Nicolas Sarkozy de incluso retirar la nacionalidad a franceses naturalizados que atenten contra la autoridad pública, suscitara una amplia polémica.
En lo que afecta a la eventual retirada de la nacionalidad francesa será otro texto, examinado en el Parlamento a finales de mes, el que aborde la cuestión, aunque ésta ha influido también sin duda en el debate del refuerzo de la lucha contra la delincuencia que hoy comienza en el Senado.
El ministro francés de Interior, Brice Hortefeux, aseguró que el Gobierno pretende, con este plan, abrir "una nueva etapa para la protección de nuestros compatriotas" y que la reforma es una "estrategia global de acción".
"La delincuencia evoluciona y por eso hay que adaptarse", advirtió el ministro quien, no obstante, aseguró que "en el 93% de los casos los criminales son identificados, detenidos y transferidos a la justicia".
El debate que comenzó en la cámara alta versa sobre un proyecto que el Gobierno quiere que sirva para "asegurar la tranquilidad de nuestros compatriotas", dijo Hortefeux al presentar el plan, en el que además se prevén condenas mínimas para los autores de violencias agravadas.
El Gobierno presenta enmiendas que son en realidad un añadido al proyecto de Ley sobre la Seguridad Interior que ya votó en primera lectura la Asamblea Nacional el pasado 16 de febrero, y no incluyen finalmente la revocación de la nacionalidad a los naturalizados condenados por polígamos, como quería Hortefeux.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy se mostró ya el lunes a favor de la posición del titular de Inmigración, Eric Besson, que consideraba que esa disposición corría el riesgo de ser censurada por el Consejo Constitucional.
No obstante, el texto que examina el Senado prevé un aumento de las sanciones para el fraude a las prestaciones sociales por parte de familias polígamas.
El origen de esta iniciativa está en el caso de un hombre de Nantes que adquirió la nacionalidad francesa gracias al matrimonio con una francesa y que mantiene relación con cuatro mujeres de las que tiene 12 hijos -aunque no está formalmente casado-, que a su vez han estado recibiendo subsidios sociales en concepto de familias monoparentales.
Una de las enmiendas estrella es la que establece una pena de 30 años de cárcel que los jueces no podrán disminuir para los asesinos de agentes de la autoridad o de vigilantes de prisión.
Otras medidas incluidas en las 26 enmiendas defendidas por Hortefeux ante los senadores son la aplicación de penas mínimas a los autores de violencias agravadas desde la primera condena, sin esperar a que sean reincidentes.
También la obligación del control judicial con un brazalete electrónico a todos los reincidentes condenados a penas de al menos cinco años de prisión cuando puedan salir de la cárcel.
Hortefeux igualmente espera que los parlamentarios den su visto bueno a la posibilidad de subastar los bienes requisados a delincuentes que los hubieran adquirido ilegalmente o con el dinero obtenido de sus actividades delictivas.
Las enmiendas tendrán que pasar el filtro de un Senado en el que el partido de Sarkozy -la UMP- no es mayoritario, y para eso deberá convencer a sus socios centristas, que han advertido de sus "reservas".
Los partidos de izquierda han presentado 300 enmiendas al texto llevado a la cámara alta, un plan que consideran "peligroso", sobre todo después de los añadidos hechos por Sarkozy, y confirmados el lunes, en los que ven una deriva preocupantemente xenófoba.
Para alimentar la polémica, las expulsiones de gitanos de origen rumano y búlgaro durante las últimas semanas han logrado encender el debate público, con manifestaciones en contra de medidas vinculadas desde el Gobierno con el endurecimiento de la lucha contra la delincuencia.
Pero incluso dentro de las filas de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) hay voces reticentes, como la del ex primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, que ha alertado de la "deriva derechista" del Ejecutivo sobre la seguridad.
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