El Gobierno incrementa las sanciones máximas por fraude laboral

Madrid, 29 jun.- El Gobierno ha incrementado las sanciones máximas por fraude laboral y a la seguridad social, y ha reforzado el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida.

Así consta en el anteproyecto de Ley ordinario aprobado hoy por el Consejo de Ministros y que se incluye en del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones indebidas o crear empresas ficticias para cobrar subvenciones.

El anteproyecto eleva el rango de las sanciones a las empresas defraudadoras y tipifica como "infracción muy grave" cuando, por ejemplo, una empresa utiliza a trabajadores afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les coacciona a trabajar.

Según Sáenz de Santamaría, se ha detectado un fraude "importante" en las empresas que han realizado un ERE o despidos colectivos, por lo que ha insistido en que se reforzará el control y la vigilancia.

Ha recordado que en los seis primeros meses del año se han descubierto 40.000 empleos irregulares, 800 infracciones y cerca de 14.000 contrataciones falsas.

"Se ha visto que a 26 de junio había 4.500 trabajadores que cobraban un salario y una prestación a la vez", ha incidido.

Los objetivos de la futura ley son impulsar el afloramiento de la economía sumergida y generar recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales.

También, combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Se incrementan las sanciones previstas más allá del límite máximo actual de 187.515 euros y las multas se incrementarán porcentualmente cuando las infracciones afecten a más de un trabajador.

Se pagará un 20 % más en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, un 30 % en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores y así sucesivamente.

Además, se amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses.

El anteproyecto contempla un aumento en el número de inspectores de trabajo hasta los 53 en 2012 y hasta los 60 subinspectores este año, que a su vez colaborarán con los agentes de la Agencia Tributaria.

Asimismo, se amplia de uno a tres años tras la terminación del encargo la responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a las obligaciones con la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata.

El ministerio de Empleo hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde más pueden percibirse bolsas de fraude y hará un seguimiento del empleo aflorado.

También trabajará con protocolos de actuación conjuntos con el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con el Colegio Nacional de Notariados y de Registradores.

"A partir de ahora será grave no cotizar por los salarios de tramitación por vacaciones devengadas y no disfrutadas, o por tener a los trabajadores declarados como a tiempo parcial y estén trabajando a jornada completa", ha dicho, tras insistir en que "el que no paga cotizaciones perjudica a los pensionistas y al conjunto de la sociedad".