El Gobierno moviliza 200.000 millones para frenar el shock económico del virus

El Gobierno ha decidido inyectar 200.000 millones de euros en la economía y las empresas para intentar hacer frente al 'shock' del coronavirus. Es el equivalente al 16-17% del PIB nacional. En un consejo de ministros histórico y a través de vídeoconferencia, Pedro Sánchez y su equipo han dado luz verde a un segundo plan de choque social que pretende salir en ayuda de los trabajadores, empresarios y autónomos golpeados por esta crisis sanitaria y económica. El presidente del Gobierno ha dicho que el real decreto aprobado hoy es "probablemente el más importante que se haya aprobado en la historia de la democracia".

Es, efectivamente, la mayor movilización de recursos económicos de la democracia. 117.000 millones serán íntegramente públicos y el resto se complementará con la movilización de recursos privados, según ha explicado el jefe del Ejecutivo. Sánchez ha dejado claro que el Gobierno aportará "toda la liquidez que necesiten las empresas". Así, se preparan más de 100.000 millones en avales (150.000 millones si se cuenta el sector privado) para que "el Estado sea el garante de las operaciones" comerciales, ha insistido. También habrá avales de 2.000 millones para empresas exportadoras.

En cuanto a las medidas laborales, otro área muy importante, el Gobierno ha decidido agilizar el proceso de autorización de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) con el objetivo de que las empresas hagan un paréntesis y cuando pase la crisis se conserve el empleo, evitando la destrucción de puestos de trabajo.

Del mismo modo, todas las personas que se vean afectadas por un ERTE serán beneficiarias de la prestación por desempleo, incluso aquellas que no tuvieran derecho a ella por no tener el tiempo de cotización suficiente. El Estado se hará cargo de las prestaciones por desempleo de estos trabajadores mientras dure la crisis sanitaria, aunque no tengan tiempo suficiente cotizado.

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Más medidas: el paro cobrado mientras dure esta situación no restará a los trabajadores, habrá beneficios específicos para los trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas en materia de prestaciones por desempleo y habrá una prórroga automática de las prestaciones por desempleo. 

El Gobierno ha decidido destinar 600 millones de euros a prestaciones básicas, con especial atención a los dependientes y a los mayores. Se trata de una partida especial del fondo específico de contingencia (300 millones) y de un flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus (otros 300 millones).

Otra de las medidas que se ha aprobado en este consejo de ministros ha sido congelar el pago de las hipotecas a los españoles que estén sufriendo las consecuencias de la crisis del coronavirus. La decisión es la siguiente: el Gobierno establece una moratoria en el pago de las hipotecas a aquellas personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo (también temporal) como consecuencia de esta crisis.

Del mismo modo, el Gobierno ha prohibido a las energéticas y otras empresas cortar la luz, el agua y el gas a los colectivos más vulnerables durante la crisis del coronavirus. Las familias con menos recursos seguirán, de esta forma, teniendo acceso a los suministros básicos.

Del mismo modo, el Gobierno ha decidido reforzar el control empresas estratégicas para evitar que puedan ser compradas en un momento de gran debilidad, como el actual. Italia, por su parte, acaba de dar un paso más y ha nacionalizado Alitalia para evitar su quiebra.

Otra medida aprobada este martes es una partida especial de 30 millones para encontrar la vacuna del coronavirus. Esta cantidad irá destinada al CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.

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Pedro Sánchez también ha hablado de la necesidad de aprobar unos "Presupuestos de reconstrucción social y económica" que presentará en las próximas semanas y que intentará pactar "con todas las fuerzas políticas". Ha ido, por tanto, un paso más de Inés Arrimadas que pedía unas cuentas públicas "de emergencia"