El Gobierno limitará la instrucción en las causas para reducir los macrojuicios

El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en el Congreso el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el marco jurídico que regula el proceso penal en España, dando así cumplimiento a una de las prioridades del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Entre las novedades se contempla el limitar la instrucción de los sumarios judiciales, organizar las normas de reparto en los casos y regular la interpelación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.

El texto pretende impulsar y agilizar los causas más complejas de ámbito penal que como dijo el titular de Justicia en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 15 de octubre "se alargan durante años sin que parezca que llegue nunca el día en que se dicte sentencia y, por lo tanto, se imparta una justicia efectiva".

El malestar que genera en la ciudadanía también pesa bastante a la hora de debatir las medidas anticorrupción. Las encuestas reflejan la preocupación de los ciudadanos en estos temas, que achacan la tardanza de la Justicia a el 'irse de rositas' en muchos casos para el que la hace. Así, estas últimas semanas si en algo están de acuerdo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez es que "quien la hace la paga y lo paga".

Así, la reforma agilizará los macroprocesos mediante la separación de las piezas, que podrán instruir otros jueces de forma separada pero coordinada con la causa principal.

Se trata, según Catalá, "de imprimir agilidad y eficacia a las causas, acabando con la sensación de retardo que genera el hecho de que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años sin que en ese tiempo se puedan determinar y finalizar responsabilidades penales".

La otra gran novedad del texto estará en el establecimiento de un plazo máximo para la instrucción, de manera que se hagan compatibles las necesidades propias de la labor de investigación con la duración de los procesos.

La reforma también regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, lo que facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, que en ocasiones deben "apoyar medidas de investigación que no tienen hoy un soporte en nuestra legislación", afirmó el ministro.

Según las fuentes, se trata de una "reforma parcial" de la norma ante la "imposibilidad material" por falta de tiempo para abordar una propuesta más ambiciosa como la que defendía el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, y que entregaba la instrucción de las causas a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción.

No obstante, se tomarán algunos elementos "urgentes y necesarios" del borrador de la comisión de expertos que impulsó Ruiz-Gallardón para aprovechar ese trabajo previo que realizaron los juristas y que "no fue en vano" pues ha servido de base para este anteproyecto.

"Había que tomar medidas ya y hacer aquellas cosas que realmente se pueden hacer", precisan las fuentes, que explican que hay ciertos asuntos que urgía afrontar de manera inmediata.

Aquí apuntamos algunas medidas que el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla:- Limitar la instrucción de la causa

Según anuncia el diario 'El País', el Gobierno pretende limitar la instrucción de los sumarios judiciales a seis o 18 meses, según la complejidad de los casos. Apunta que el plazo de seis meses se contabilizará desde el inicio del sumario y si la investigación es compleja se puede alargar hasta 18 meses, que podría ser prolongado por igual plazo o por una inferior, previa audiencia de las partes personadas en las causa. El periódico expone que "solo de forma excepcional y con resolución motivada y recurrible, podrá ampliarse el plazo máximo de 18 meses".

Todo ello está sujeto a cambios porque todavía quedaría ser sometido a debate y votación en el Consejo de Ministros y en las Cortes cuando llegue en enero de 2015. De aprobarse esta norma sería la primera vez que se establece por ley los tiempos máximos en las instrucciones. Aunque algunos jueces se encuentran totalmente en contra de este procedimiento.

Así, el magistrado Pérez Villamil aseguró a este medio que no es cuestión del tiempo y establece un ejemplo: "Cuando tienes que mandar una comisión rogatoria a Suiza, que la complementó a los tres años, es evidente que si le ponemos un tope de duración a los procedimientos penales este asunto estaría archivado para el regocijo del Gobierno de turno".

"Tendrán que durar lo que tengan que durar si se quieren perseguir las conductas criminales en que se fundamentan los casos de corrupción, y si se dota de medios a los jueces si se acaba con los paraísos fiscales por ejemplo es verdad que se acortarían mucho los tiempos y disminuirían las actividades corruptas", zanja Villamil.

Por el contrario, otros jueces señalan que las comisiones rogatorias de los grandes casos de corrupción se alargan todo lo que las partes 'las estiran', el ejemplo más reciente es la investigación de Luis Bárcenas, extesorero del PP, en la que además y como explicaba Villamil los datos de Suiza se han demorado por los recursos del encausado.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Conrado Gallardo señaló a Lainformacion que"Intentaría dotar al juez de más poder para agilizar la investigación. Ahora mismo se les da demasiados resquicios a estos procesados para poder retrasar y entorpecer la investigación. Este problema está conectado también con el de la independencia judicial, ahora mismo hay demasiados instrumentos de presión que pueden utilizar por ejemplo los partidos políticos. Estos poderes de presión son los que deciden sobre el futuro y carrera de los jueces".- Normas de reparto

Otra de las novedades del texto será facilitar que los grandes casos puedan trocearse y evitar los macroprocesos. El ministro Catalá defendió que igual que los plazos de los recursos obligan a los ciudadanos y a la administración tiene unos plazos para resolver los procedimientos administrativos, "el orden jurisdiccional es razonable que tenga unos plazos para resolver los procesos".

La reforma incluirá elementos como la simplificación de la tramitación procesal, por ejemplo, en el caso de macroprocesos, que dejarán de estar conectados entre sí por cada delito, de manera que se instruirá una causa por cada uno de esos delitos, indicó el ministro.

"También se simplifica la tramitación de algunos otros delitos que pueden permitir que haya una conformidad rápida y, por tanto, una agilización de la resolución procesal", agregó.

Lo que dice la norma es que no obligará a mantener la investigación sobre hechos que tengan conexión entre ellos. De esta manera, por ejemplo, el caso de los ERE en Andalucía se hubiera agilizado mucho. En este caso, dividiría en varias piezas separadas cada caso dentro del gran proceso.

Además, algunos trámites de faltas sin autor conocido dejarán de tener un tratamiento jurisdiccional y en fiscalía porque son asuntos de orden meramente administrativo.- Regular la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas

La reforma también regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, lo que facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, que en ocasiones deben "apoyar medidas de investigación que no tienen hoy un soporte en nuestra legislación", afirmó el ministro.

Según las fuentes, se trata de una "reforma parcial" de la norma ante la "imposibilidad material" por falta de tiempo para abordar una propuesta más ambiciosa como la que defendía el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, y que entregaba la instrucción de las causas a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción. Una vez más al Gobierno no le queda tiempo en esta legislatura para aprobar la reforma de gran calado que planteó Gallardón. Ahora solo le queda aprobar 'pequeños artículos' que supondrían un parche para mejorar la Ley.

No obstante, se tomarán algunos elementos"urgentes y necesarios" del borrador de la comisión de expertos que impulsó Ruiz-Gallardón para aprovechar ese trabajo previo que realizaron los juristas, apuntan desde el Ministerio.

En este caso, a partir de mañana al supuesto de los delitos castigados con más de tres años de cárcel se añaden otros tres: que se esté en presencia de delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; que se esté ante delitos de terrorismo, y que se trate de delitos cometidos por medio de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.

En este último apartado la Ley aprobada autorizará la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. Todo ello dependerá de la gravedad del hecho y de la proporcionalidad de la medida. Así, será el propio juez el que determine su alcance. Además y si no lo consiedra suficiente podrá intervenir mensajes como el que presuntamente envió Rajoy a Bárcenas si lo considera prueba fehaciente:"Luis aguanta. Sé fuerte"y cualquier forma de comunicación telemática.

Desde que tomó posesión, el ministro de Justicia ha celebrado más de una veintena de reuniones con jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, funcionarios, grupos parlamentarios y asociaciones para lograr el cauce de entendimiento que hará posible acabar con los problemas de la Justicia, ha puesto de manifiesto.Los jueces decanos piden ampliar la prescripción de los delitos de corrupción

Los jueces decanos propusieron este miércoles ampliar la prescripción y agravar las penas en los delitos de corrupción, así como tipificar nuevos delitos relacionados con esas conductas.

Se trata de algunas de las propuestas incluidas en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción" presentado ayer en Valencia por los jueces decanos de España, y enmarcado en un "contexto de indiscutible desconfianza y alarma" ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones.

Ante la "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público", los decanos han planteado una batería de medidas en el ámbito judicial español para luchar contra la corrupción y abordar una "regeneración democrática necesaria" en la que no tenga cabida esta lacra social.

Además de la ampliación del plazo de prescripción, proponen agravar las penas de ciertos delitos relacionados con la corrupción, entre los que han citado el tráfico de influencias y la prevaricación.

También proponen agravar las penas a conductas que "indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción"-como no denunciarla- y dotar "de manera inmediata" de refuerzo a los juzgados que lo precisen, "especialmente si se trata de corrupción".

Otra de las medidas propuestas es la introducción de nuevas figuras delictivas, entre las que destacan la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato.

La limitación o prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena en caso de delitos de corrupción, "salvo en casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas", es otra de las medidas apuntadas por los decanos.

Del mismo modo, sugieren la especialización de juzgados y tribunales provinciales o autonómicos para instruir y enjuiciar delitos económicos, eliminar la competencia del Tribunal del Jurado para los delitos cometidos por aforados y los relativos a la corrupción y revisar los aforamientos, porque en ocasiones "entorpecen y ralentizan los procesos".

Por otro lado, ven necesario más medios para la Fiscalía Anticorrupción y los grupos especiales dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera, la creación de un cuerpo de peritos contables exclusivo al servicio de los juzgados y tribunales y "fomentar la colaboración con la Justicia de Hacienda, Banco de España, Patrimonio y la Intervención General del Estado".

En una rueda de prensa conjunta ofrecida por varios de los decanos, el titular de Valencia, Pedro Viguer, ha afirmado que la Justicia española será "lo eficiente que le permitan" los otros dos poderes -Ejecutivo y Legislativo-, de los que, "guste o no, depende", y que "deben de dotarlo" de medios.

Además de reclamar más jueces -España cuenta con 5.300 jueces en activo y nueve millones de asuntos judiciales-, el decano de los jueces de Madrid, Antonio Viejo, ha convenido en la necesidad de cambiar un sistema procesal "decimonónico" -la ley de Enjuiciamiento criminal data de 1882"- y más inversión en Justicia, ya que representa en 2014 un 1 % de los presupuestos generales.

Pese a la coyuntura, los decanos han asegurado que los jueces españoles están "preparados para afrontar el reto", aunque el titular de Málaga, José María Paez, ha pedido "de una vez por todas" un "gran pacto de Estado" para determinar el modelo de Justicia español.

Preguntados por los periodistas, los decanos han reconocido que "no se puede enjuiciar diez años después causas que han tenido en vilo durante años a la sociedad", aunque están "dispuestos a dejarse la piel" para que los macroprocedimientos judiciales que han aflorado lleguen a término, porque la Justicia española"es lenta -han dicho- pero funciona".