El Gobierno lleva al TC la candidatura de Puigdemont para impedir su investidura

  • La vicepresidenta del Gobierno asegura que el expresident tiene una orden de detención en España que hace incompatible su presencia en el Parlament. 
Soraya Sáenz de Santamaría durante su comparecencia
Soraya Sáenz de Santamaría durante su comparecencia

El Gobierno ya anunció que tomaría "todo tipo de medidas" para evitar que Carles Puigdemont sea investido presidente. Cumpliendo con sus advertencias, ya ha puesto en marcha la maquinaria y, según ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat.

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para tramitar dicho recurso, pese a la falta de aval del Consejo de Estado porque "con todo respeto" al órgano consultivo, el Gobierno cree que es la vía de "evitar que alguien huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico", ha explicado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. 

El Ejecutivo pidió un informe al Consejo de Estado, como es preceptivo, para dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia y sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional. Pero el órgano consultivo ha respondido al Gobierno que avala los argumentos jurídicos planteados pero discrepa sobre el momento de llevar el recurso al TC. Su informe es obligatorio antes de acudir a los tribunales, pero no es vinculante, por lo que el Ejecutivo se ha mostrado firme en su decisión y no ha dudado en mantener su recurso ante el Constitucional, dado que dan por hecho que la propuesta del presidente del Parlament se realiza para intentar escurrirse de la ley con un recoveco legal.

La respuesta del Consejo de Estado desató la euforia de las fuerzas independentistas catalanas, que veían en ello un aval a su intención de investir a Puigdemont por cualquier medio posible. Pero el hecho es que el Consejo se limitaba a advertir que, mientras no se proponga la investidura sin el candidato presente, la decisión de hacerla no tiene ningún impedimento legal.

La interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión, en invocación del artículo 161.2 de la Constitución. "El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Puede proponer a otro", aclaró la vicepresidenta, que subrayó que el estatus jurídico actual de Puigdemont es "incompatible" con su comparecencia personal en la Cámara, con una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español.

Un argumento jurídico que se pone de manifiesto "fácticamente" en la circunstancia "insólita" de que este miércoles Torrent tuvo que evacuar consultas con Puigdemont "ni más ni menos que en Bruselas y no en el lugar donde se han efectuado ese tipo de reuniones y se ha convocado al resto de diputados o portavoces de grupos", la sede del Parlament, ha añadido la vicepresidenta. 

Carles Puigdemont (d) estrecha la mano del presidente del Parlamento autónomo, Roger Torrent, durante su reunión en Bruselas
Carles Puigdemont (d) estrecha la mano del presidente del Parlamento autónomo, Roger Torrent, durante su reunión en Bruselas / EFE

JxCat acusa al Gobierno de no aceptar la democracia

La reacción de JxCat no se ha hecho esperar. El diputado de la formación  en el Parlament Eduard Pujol ha tildado de "golpe de Estado" la decisión del Gobierno central y ha avisado de que no renunciarán a presentarlo a la reelección.

"El candidato es el señor Carles Puigdemont", ha asegurado en rueda de prensa desde la Cámara, donde ha considerado que la decisión del Gobierno central es un ataque contra las instituciones catalanas y contra lo que decidieron los catalanes en las elecciones.

Para él, se evidencia que el Gobierno no acepta el resultado e impugna judicialmente lo que decidieron las urnas: "Lo que hemos oído hoy de la vicepresidenta es la prueba de que el Gobierno no acepta la democracia".

"Es un nuevo despropósito democrático, un nuevo acto de cobardía. Es un golpe de Estado a la voluntad de los ciudadanos. Quieren secuestrar la voluntad de los ciudadanos cuando la voluntad de los ciudadanos se tiene que aceptar guste o no guste", ha añadido.

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