El Gobierno luso cifra en 860 millones de euros el veto del Constitucional

Lisboa, 27 jun.- El Gobierno portugués cifró hoy en 860 millones de euros el impacto presupuestario de las tres normas invalidadas en la última sentencia del Tribunal Constitucional, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos de déficit público.

La ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, desveló hoy en una comisión del Parlamento portugués la estimación del Gobierno sobre el valor de los ajustes que fueron vetados el pasado 30 de mayo.

El Gobierno portugués aún no ha presentado medidas alternativas a la legislación ilegalizada, que contemplaba recortes en salarios públicos, en pensiones de viudedad y orfandad y en las prestaciones por desempleo y enfermedad.

Albuquerque informó sobre la cifra al comentar los datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que anunció que Portugal acabó el primer trimestre con un déficit público del 6 %, todavía a dos puntos del objetivo para 2014.

Para la ministra, "no hay cualquier margen de maniobra" en la gestión del Gobierno para suavizar las medidas de ahorro, pese a que la cifra está lejos del 10 % del primer trimestre de 2013.

"A pesar de que el déficit sea menor, continua habiendo déficit", argumentó la titular de Finanzas, del Partido Social Demócrata (centro-derecha).

El Ejecutivo portugués cerró el pasado 17 de mayo el programa de asistencia de la UE y el Fondo Monetario Internacional después de aplicar durante tres años duros ajustes y reformas para cuadrar sus cuentas públicas.

Tras el fallo judicial, el Gobierno prometió a los acreedores internacional que propondría nuevas medidas sustitutivas para alcanzar los objetivos del déficit, que debe ser reducido hasta el 4 % este año y hasta el 2,5 % en 2015.

Sin embargo, pospuso estas alternativas a la espera de conocer el pronunciamiento del Constitucional sobre otros ajustes, que afectan a la subida del IVA y de la cotización salarial y a una nueva tasa a las pensiones de entre 1.000 y 1.800 de euros.

Albuquerque previó que si estas medidas son también vetadas por los magistrados, el gabinete del primer ministro, Pedro Passos Coelho, tendrá que cubrir otro agujero presupuestario de 620 millones de euros.