La Estrategia de Seguridad Energética Nacional 2015 recoge como una de sus líneas de acción (Página 38) el impulso "de la investigación y de la explotación de yacimientos de hidrocarburos y diseño de planes de viabilidad para la extracción de estos recursos". Ese principio explica, al menos en parte, el veto que planteó el Gobierno a la proposición unánime del Parlamento balear para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo. La estrategia choca también con la iniciativa del PSOE para presentar en el Congreso una proposición de ley para prohibir la exploración petrolera en las aguas territoriales.
El debate está servido. A corto plazo, sólo está resuelto por las empresas. Estas, forzadas por la oposición de las Administraciones autonómicas y por los bajos precios del crudo, han abandonado los planes de exploración para buscar petróleo y gas en España. Ya sea en tierra o en el mar.
Pero una cosa es el negocio y el corto plazo y otra distinta el marco legal de una actividad. La maquinaria legislativa no se detiene. El pasado viernes, sin ir más lejos, el Consejo de Ministros aprobó mediante un Real Decreto urgente normas adicionales para la seguridad de las explotaciones de hidrocarburos en el mar.
El decreto traspone a la legislación nacional la directiva europea 2013/30 UE y su carácter de urgencia obedece a que la directiva debería haber sido incorporada a la legislación nacional más de dos años antes. La multa era inminente.
Riesgo de multa
Así lo recoge el texto del BOE: "Su incorporación [de la directiva] al
ordenamiento jurídico interno requiere al menos una norma con rango de ley, cuya demora implica un riesgo de multa con base en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE".
El decreto establece la creación de una Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos y pone de manifiesto que la cuestión de las prospecciones marinas es un asunto tan polémico como vivo.
Para el Gobierno, es un asunto importante. La Estrategia de Seguridad Energética Nacional 2015, con preámbulo firmado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, lo explica claro: "La exploración de la posible disponibilidad de recursos energéticos es necesaria para un posible incremento de la producción propia de petróleo y gas" afirma.
La Estrategia de Seguridad Energética desarrolla los preceptos del documento elaborado en 2013 para ampliar la participación ciudadana y de la Administración en la seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Nacional trabaja en un nuevo documento de estrategia, actualizado a 2017, que aún no ha sido aprobado.
Actividad detenida
Mientras el Ejecutivo revisa los puntos fundamentales de la seguridad en un momento muy complejo, la actividad exploratoria en España se ha detenido. Ninguna empresa está realizando sondeos para localizar yacimientos de hidrocarburos. El último se produjo el 18 de noviembre de 2014, cuando Repsol inició un sondeo exploratorio para inspeccionar si en el emplazamiento denominado Sandía, a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, se hallaba un yacimiento petrolífero. La polémica desatada paralizó la actividad.
Pese a todo, la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep) comparte la visión del Gobierno. Aciep defiende la necesidad de explorar para encontrar y extraer gas y petróleo "localmente y con estándares medioambientales más estrictos que los aplicados en los lugares desde donde ahora se importa". A favor de las tesis de Aciep están las cifras récord de importación de crudo y su impacto negativo en las cuentas del Estado; en contra, las consecuencias, tanto en emisiones como en precios de la energía.
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