Diez claves para entender el debateTodo empezó en mayo de 2007, cuando una comisión del Congreso de los Diputados que analizó la situación de la prostitución en España elaboró un informe en el que, entre otras medidas, instaba a la prohibición de los anuncios de contactos.
Según dicho informe, "la prensa de nuestro país obtiene importantes ingresos de la publicidad de la prostitución" y señalaba con el dedo a las principales cabeceras de nuestro país. Por ejemplo, el diario El País, según el documento elaborado por el Congreso, ingresa unos cinco millones de euros anuales por esta publicidad.
Un año después el Gobierno se comprometía a promover el control de los anuncios de prostitución dentro del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En concreto, el Gobierno no exigía a la prensa escrita que retirara de sus páginas los anuncios de prostitución tal y como pedía la comisión del Congreso, sino que sugería a los responsables de los medios que se autorregularan y se pensaran dos veces publicarlos ya que provienen de redes de explotación sexual y de trata de mujeres.
Algunos medios –los menos- siguieron los criterios de la Comisión y del Gobierno y decidieron retirar este tipo de publicidad, como es el caso de Público o 20 minutos, entre otros. Pero el debate seguía sin tener un marco legal al que acogerse.
Sin noticias dos años depués
En 2009 aún no se había hecho nada. El Gobierno no acaba de tomar una decisión y las críticas arreciaban. En marzo de ese año la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comunicaba a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que el Gobierno estaba trabajando en "la búsqueda de soluciones" para suprimir estos anuncios.Pero siguió pasando el tiempo.
En mayo de 2010 –tres años después del informe de la comisión parlamentaria- el Ejecutivo optó por solicitar al Consejo de Estado un informe en el que se recogieran medidas a poner en marcha para acabar con los anuncios de contactos. La iniciativa partió de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que quería conocer si el Gobierno podía prohibir este tipo de anuncios con la ley en la mano.
Poco después, el presidente Zapatero apostaba por eliminar este tipo de anuncios y el PSOE imitaba a otros grupos presentando una iniciativa en el Congreso para erradicar estos anuncios a través de la autorregulación.
Por fin, el informe del Consejo de Estado
La semana pasada –casi una año después– se conocían las conclusiones del Consejo de Estado, que al igual que la Comisión del Congreso apostaba por prohibir este tipo de publicidad o al menos limitarlos "severamente".Es el criterio en el que se escudaba el Gobierno para poder tomar una decisión.
Por eso durante la sesión de control, Joan Tardá diputado de ERC –grupo que junto con UPN más ha batallado para que el Gobierno prohíba este tipo de anuncios- preguntará al Gobierno qué piensa hacer al respecto.
Leire Pajín, la ministra de Sanidad, es quien podría arrojar algo de luz sobre las intenciones del Ejecutivo esta mañana en el Congreso.
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