Más de cuatro meses después de que Carles Puigdemont se refugiara en Bruselas para eludir a la justicia española, el Gobierno asegura que está investigando quién o quiénes están sufragando los gastos del expresidente de la Generalitat en la capital belga. Fuentes de Moncloa admiten que llevan tiempo intentando descubrir cómo se financia el que fue cabeza de lista de Junt per Catalunya fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, tras más de 120 días de huida el Ejecutivo reconoce que no dispone de "ninguna información" sobre el origen de este dinero que sirve para pagar la puesta en escena de Puigdemont en el extranjero.
Lo que el Ejecutivo está intentando dilucidar, a través de los servicios de Inteligencia y de Información de Policía y Guardia Civil, es de dónde sale el dinero para pagar la factura de la vivienda de 500 metros cuadrados que ha alquilado Puigdemont en Waterloo por 4.400 euros al mes, así cómo quien corre con la seguridad que le acompaña, los coches que le trasladan, los billetes de avión para desplazarse a Dinamarca... Y también quién ha abonado el dinero para instalar un despacho en dicha vivienda y el telepronter donde el expresident leyó el discurso de 13 minutos en el que renunciaba provisionalmente a la investidura en favor de Jordi Sànchez. Toda esa estructura paralela en Bruselas tiene un gasto y el Gobierno está intentando sustentar con pruebas si está saliendo del erario público.
No obstante, después de estos cuatro meses fugado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy reconoce que "no dispone de información al respecto". Lo hace en una respuesta parlamentaria al diputado de Cs Francisco de la Torre a la que ha tenido acceso La Información y que acaba de ser registrada en el Congreso. El parlamentario naranja preguntó el pasado mes de noviembre, unos días después de la huida de Puigdemont, si "conoce el Gobierno con qué dinero se está pagando la estancia, vida, contratación de traductores flamencos, honorarios de abogados en Bruselas del Sr. Puigdemont y los cuatro ex miembros huidos del Gobierno de la Generalitat?" Para más inri, el propio Puigdemont anunció en su mensaje de esta semana que había dado orden a sus abogados para demandar a España ante la ONU por una presunta violación de la Declaración de Derechos Humanos.
El Gobierno de Rajoy ha repetido desde el pasado 1-O que su objetivo es impedir que se destine dinero de todos los catalanes a la "burla a la legalidad vigente", que es como ha definido Moncloa el proceso independentista. Fuentes del Ejecutivo afirmaron este jueves que "seguirán velando por el respeto a la legalidad, incluido por el uso correcto del dinero publico". Y añadieron, sin ofrecer más datos: "Un fugado de la justicia no va a vivir a costa del erario publico".
¿Se destinó dinero del FLA al proceso independentista?
Otra de las investigaciones que tiene en marcha el Gobierno está relacionada con el intento de descubrir si se destinó dinero del FLA al proceso independentista. En un principio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró en una comparecencia a petición propia en el Congreso el 31 de agosto de 2017 que la Generalitat de Puigdemont y Junqueras no podría desviar "ni un solo euro" de este fondo a financiar el referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, el juez de Barcelona que investiga la consulta independentista ha desmentido al ministro y sospecha que sí se hizo uso de esa partida.
En concreto, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona considera que la Generalitat empleó dinero del FLA para sufragar el proceso independentista. En su auto, el juez argumenta que Cataluña recibió 53.609 millones de euros entre 2012 y 2017 y que "resulta evidente que el importe destinado a la celebración del referéndum debe atribuirse, en parte, al crédito obtenido del FLA, ya que estas cantidades constituyen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat".
Juan Antono Ramírez Sunyer admite la "imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso" y que, por tanto, "cualquier gasto deberá imputarse, por lo menos y en la proporción que corresponda, al importe del FLA percibido aquel año". Añade que estos pagos se realizaron "directamente por la Generalitat" o "indirectamente por personas o entidades interpuestas" para "desviar el rastro de las partidas" y "dificultar así la investigación".
Hay que recordar que el Gobierno investigó si el presidente de Mediapro, Jaume Roures, ha financiado de alguna forma la celebración del referéndum del 1-O. Meses más tarde la UCO de la Guardia Civil situó al empresario catalán en el "comité ejecutivo" del proceso independentista.
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