El Gobierno se ha lanzado a intervenir el mercado eléctrico ante el rally de precios de la electricidad en el mercado mayorista. El desgaste político ha obligado a tomar soluciones históricas que hasta ahora no se habían planteado, al menos por la parte socialista de la coalición. Se trata de un paquete especial de hasta siete medidas que tratan de rebajar directamente la factura final de la luz y cumplir así con el compromiso fijado por Pedro Sánchez: que el recibo a cierre de 2021 sea similar al de 2018. El Real Decreto-ley se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entrará en vigor en las próximas horas.
El decreto destaca por las medidas urgentes que minorarán de forma inmediata la cuenta de resultados de las grandes empresas eléctricas. De esta forma, la norma crea nuevas subastas de contratos de compra de energía a plazo. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP tendrán la obligación de vender una parte de su producción energética en unas subastas -la primera se celebrará antes de que finalice este año- a las que podrán acudir las comercializadoras o grandes empresas. Obtendrán un precio más reducir al del mercado mayorista.
"Los grupos empresariales dominantes ofertarán electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año", según explica el Gobierno.
El decreto urgente aprobado en Consejo de Ministros también contempla una minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. En concreto, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). Con los niveles actuales, el Gobierno calcula recuperar unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, fecha hasta la que se ha establecido la medida porque, según el Ejecutivo es "el momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas".
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Ese precio lo fijará el mercado pero habrá un precio de reserva que establecerá la CNMC.
A estos dos instrumentos hay que añadir las medidas fiscales ampliadas que también contempla el decreto-ley. Se prorroga hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación; y se reduce desde el 5,1% hasta el 0,5% el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) -el mínimo permitido por la regulación comunitaria-. También se aumentará en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.
El decreto contempla, asimismo, limitar durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en diferido, es decir, en las siguientes revisiones a través de un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano.
Según el Gobierno, este plan de choque tendrá "repercusión inmediata en la factura de los consumidores, bien por la reducción impositiva, bien porque tanto los ingresos por las subastas de CO2 como por la minoración de gas rebajarán los cargos a repercutir en las tarifas". "Estos importes -añade el Ejecutivo- se han revisado y actualizado hasta fin de año, de manera que los cargos aplicables serán un 96% inferior a los actuales". Transición Ecológica calcula que la parte regulada de las facturas finales de los consumidores bajará en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria.
El decreto también contempla una modificación de la Ley de Aguas para evitar súbitos desembalses. Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.
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