El Gobierno ordena a Enagás el cierre definitivo del almacén de gas Castor

Castor bolo
Castor bolo

El Consejo de Ministros ha acordado a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica ordenar a Enagás el cierre "definitivo" del almacén submarino de gas Castor, frente a la costa de Vinaroz (Castellón), una vez que se ha analizado que la instalación ya "no puede servir" al sistema gasístico español.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha señalado que el almacén de Castor estaba hasta el momento sellado de manera provisional pero ahora se ha encargado a Enagás que "en seis meses" tramite el expediente para su sellado definitivo.

Así, Calvo ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica considera que una vez resuelta la situación procesal en los tribunales de manera rápida y con una resolución "eficaz", es preciso "evitar el coste" que supone mantener en letargo esta instalación que "ya no sirve al sistema gaístico español, una vez considerado que no puede servir".

En ese sentido, ha destacado que de esta manera se evitará el coste de mantenimiento y quedará cerrado "para más seguridad".

Dos directivos investigados 

Dos directivos de la empresa Escal UGS, controlada por ACS y adjudicataria del proyecto de almacenamiento gasista Castor en la costa castellonense, serán juzgados por delito medioambiental, según informó el pasado 16 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) que lleva el caso y ha dictado el auto de procedimiento abreviado contra los dos directivos, ha archivado las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado. El juez descarta que estos últimos incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén de gas.

En el auto, fechado el martes y notificado ya a las partes, el instructor señala que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 la fase de inyección de gas en la planta, pese a que eran "conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear".

"En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas", precisa el juez.

Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre –añade en la resolución- "a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores". Esa situación desencadenó una "gran serie de sismos en la zona" (hasta 519), que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó daños de consideración en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona.

Los terremotos, que llegaron a una magnitud de 4,2 grados en la escala Richter, ocasionaron alarma social en la zona y provocaron quejas de los vecinos, los hosteleros y los alcaldes de municipios afectados. Además, generaron "una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno".

El proyecto Castor consistía en la habilitación de un almacén subterráneo de gas natural aprovechando un antiguo pozo petrolífero situado a 1.750 metros bajo el nivel del mar, frente a la costa de Vinaroz.. La introducción de gas provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.

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