"Todos callados". Es la orden que han recibido los diputados y senadores del PP durante estos días en los que la Generalitat y el Gobierno central mantienen un pulso trascendental con la unidad de España en juego. El Gobierno no quiere declaraciones salidas de tono que puedan perjudicar a la hoja de ruta que está trazando el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La consigna es la de no conceder entrevistas y ha sido impartida a través de las direcciones de los grupos parlamentarios. Los diputados y senadores rasos del PP tienen claro que no deben comentar o entrar en polémicas sobre la crisis catalana. Al menos hasta que el Gobierno tome una decisión o Puigdemont ceda en sus pretensiones y vuelva a la legalidad.
Es Moncloa, por tanto, quien está dirigiendo toda la política de comunicación en la amenaza independentista, con la secretaría de Estado de comunicación a la cabeza. Ha habido algunos momentos indeseados, como las declaraciones de Pablo Casado en Génova el pasado lunes que no gustaron en algunos ámbitos del Gobierno y que esperan que no se repitan en los próximos días.
Respecto a las críticas sobre la ausencia del Gobierno en los medios de comunicación, especialmente en los internacionales, en Moncloa tienen claro que la batalla es política y no mediática. De ahí que el presidente haya concedido una única entrevista a la agencia EFE y no haya, de momento, protagonizado ninguna rueda de prensa, únicamente comparecencias sin preguntas.
En el Ejecutivo comparan esta situación con lo que ocurrió en el no-rescate soberano, cuando la presión sobre Rajoy vino desde ámbitos políticos y mediáticos. El presidente resistió a todas las opiniones contrarias y ganó la partida. Algo similar, según recuerdan en Moncloa, sucedió cuando Rajoy declinó presentarse a la investidura tras el 20D para dejar que Pedro Sánchez se estrellara primero. Entonces también recibió innumerables críticas, pero pudo salir vencedor. Es la tercera vez que se juega su mandato a cara o cruz.
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