El Consejo de Ministros ha acordado aprobar el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso que estará centrado en la protección de las víctimas y prevé la tipificación del delito de trabajo forzoso y la adopción de medidas dirigidas a conocer mejor su perfil, con el fin de protegerlas y de mejorar las políticas de prevención y de detección.
El plan se ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Trabajo y Economía Social; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Justicia; del Interior; de Educación y Formación Profesional; de Igualdad; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El acuerdo da cumplimiento a la exigencia del Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue ratificado por España el 12 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 20 de septiembre de 2018 y que exige a los estados que lo suscriban desarrollar un plan de acción nacional para lograr la erradicación del trabajo forzoso, una exigencia a la que España no había dado cumplimiento hasta el momento.
Es la primera vez que se adopta un plan específico para luchar contra el trabajo forzoso que, hasta ahora, sólo se había abordado en conexión, por ejemplo, con actividades como la explotación laboral o la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
El Plan tendrá una duración de tres años y se creará un Grupo de trabajo Interministerial que hará seguimiento de su grado de cumplimiento, según ha informado el Ministerio de Trabajo en un comunicado recogido por Europa Press.
En concreto, el Plan de acción prevé medidas de análisis y estudio del fenómeno del trabajo forzoso, a través de las que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial mejorarán el conocimiento existente sobre el trabajo forzoso y compartirán información para prevenir mejor este tipo de conductas.
También recoge medidas de prevención, concienciación y formación; medidas de detección, investigación y enjuiciamiento, entre las que se prevé la tipificación como delito del trabajo forzoso y una intensificación de la actividad de la Inspección de Trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía General del Estado. Incluye, además, medidas de protección y apoyo a las víctimas.
Asimismo, incluye medidas de coordinación y cooperación internacional ya que este tipo de prácticas a menudo involucran a personas procedentes de otros países y a organizaciones para delinquir radicadas fuera de España.
El Plan cuenta con la implicación de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial y se ha elaborado con la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones especializadas en la lucha contra el trabajo forzoso.
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