El Gobierno prepara una reforma del Constitucional para poder sancionar a Mas

"La broma se ha terminado", ha dicho Albio, el candidato popular a la Generalitat. El Gobierno quiere que los que se salten la ley en España paguen, al menos los que se salten las sentencias del TC. La idea de su reforma de urgencia, esas reformas express que a Rajoy le gustan tanto como los decretos (es el Gobierno que más los ha usado)señala a Mas, cuyo gobierno se caracteriza por cumplir las leyes. Y menos las sentencias del Constitucional.

Así que el Gobierno prepara una reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional para poder sancionar a quienes vulneran la legalidad y no acaten las sentencias. El anuncio, realizado por el portavoz del grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, en rueda de prensa conjunta con el candidato 'popular', Xavier García Albiol, tiene una clara referencia a las próximas elecciones catalanas, que los partidos soberanistas pretenden aprovechar en clave plebiscitaria.

Los populares han tramitado esta reforma por la vía de la proposición de ley urgente en el Congreso de los Diputados, de forma que puede ser aprobada en lo que resta de legislatura. El texto recoge la posibilidad de que aquellos que incumplan las resoluciones puedan ser suspendidos de su funciones y con multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros.

García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la "garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del Constitucional y es un mensaje muy claro" a quienes incumplan la ley.

La reforma establece un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, en cuyo caso el Tribunal solicitará un informe y podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión a las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria, además de las posibles responsabilidades penales.

De acuerdo al calendario que maneja el Grupo Popular en el Congreso, la proposición podría ser aprobada el próximo 29 de septiembre, la semana después de las elecciones catalanas. El procedimiento se ha ajustado al máximo para permitir que pase el trámite parlamentario lo antes posible: por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Tras su aprobación en el Congreso deberá ser validada por el Senado.Los expertos dudan de la oportunidad

El tema ahora es saber si esta reforma llega en el momento preciso después de toda una legislatura en la que el Constitucional ha sido zarandeado por todos. Los expertos oscilan entre los que piensan que es necesario hacer algo para que se respete la ley, pero no es el momento y las formas, y los que creen que dará más argumentos a los independentistas y su victimismo. Lo cierto es que mezclar política y justicia es unriesgo y que las reformas de esta calado hay que hacerlas en frío y por consenso.Soraya dice que Mas solo debe temer no cumplir la ley

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, trasladó este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que “lo que uno tendría que temer es que está por encima de la ley o de las sentencias de los tribunales”. “"Yo no le tengo ningún miedo"”, dijo."

"Esa proposición da a un tribunal la capacidad para que se cumpla lo que él ha determinado, lo que uno tendría que temer es estar por encima de la ley o de las sentencias de los tribunales”, advirtió Sáenz de Santamaría.
La ‘número dos’ del Gobierno defendió que “los tribunales son garantistas y aplican el Estado de Derecho” y que “las decisiones de los tribunales son lo menos arbitrario y lo más garantista”. “Yo no le tengo ningún miedo, son garantistas y se aplica la ley, la Constitución”, destacó.

Si todos estamos dispuestos a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales, ese tipo de disposiciones lo que hacen es fortalecer el marco constitucional”, recalcó.
A este respecto, señaló que los derechos y las leyes “sirven cuanto eficaces son sus garantías”. Es una ley de naturaleza general, se aplicará a cualquier procedimiento en el que quien esté obligado a cumplir una resolución del tribunal no lo haga”, explicó.Ve tan bueno como otro aprobar esta reforma ahora

Sáenz de Santamaría defendió que “cualquier momento es bueno” para poder aprobar una proposición de ley. Preguntada por si tiene que ver con las elecciones catalanas que se celebran el próximo 27 de septiembre, destacó que “la legislatura sigue funcionando hasta que se disuelvan las Cortes”.

El Grupo Parlamentario lo ha planteado en un momento en el que se analizan esos mecanismos”, afirmó para apuntar que en esta legislatura se ha recuperado también el recurso previo de inconstitucionalidad.
Además, explicó que a quien puede suspender “no es al Gobierno o a la Administración”, sino “al encargado de cumplirlas”, “a ese empleado público o a esa autoridad que tiene que cumplirla”.

Saénz de Santamaría defendió que la proposición de ley “refuerza” los mecanismos del Estado de Derecho y el Tribunal Constitucional. “Puede dictar todo tipo de resoluciones, pero la parte relativa a garantizar la ejecución no estaba desarrollada más que en los principios generales”, afirmó.

Igualmente, apuntó que las multas coercitivas ya existen. “Se hace un procedimiento para garantizar esa ejecución del Constitucional”, dijo sobre las sanciones que podrán llegar hasta los 30.000 euros.
“La proposición de ley incluye ese desarrollo de la capacidad de ejecución de manera que, como lo hacen los tribunales de lo contencioso administrativo, pueden notificar esas decisiones a la autoridad o a cualquier funcionario que tenga que cumplirlas”, remarcó.

“Antes de pronunciarse es conveniente leer bien las proposiciones, saber lo que implican, conocer el derecho comparado y que hay procesos similares y tener presente que en un Estado de Derecho los tribunales tienen la última palabra”, apuntó.