La primera víctima del caso Pegasus se saldó con la cabeza de la directora de los servicios de Inteligencia. Con esta decisión, el Gobierno buscó dar por concluida una crisis que llegó incluso a enfrentar a dos personas de la máxima confianza de Sánchez: Bolaños y Robles. Sin embargo, la oposición sigue pidiendo explicaciones al Gobierno por un escándalo cargado de incógnitas por resolver acerca de quién espió al presidente, cómo se pudo 'hackear' el móvil más importante del país o si La Moncloa ya conocía esta información y la hizo pública para contrarrestar el relato independentista.
El 30 de junio de 2021, un mes después de que el programa israelí Pegasus espiara el móvil del presidente, y en el mismo mes en el que se detectó la intrusión de los móviles del ministro del Interior y la ministra de Defensa, el Gobierno publicó -a través de la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- que España era el quinto país del mundo con la ciberseguridad más avanzada. Además, aseguraron -basándose en los datos del Índice Global de Ciberseguridad- que solo cuatro países, EEUU, Reino Unido, Arabia Saudí y Estonia, estaban por delante del nuestro. Una privilegiada posición que compartíamos con Singapur y Corea del Sur.
Con estos datos, España se situaba como el tercer país con una mayor ciberseguridad en toda Europa y, además, el segundo de la Unión Europea. Este análisis que recoge el GCI (Índice Global de Ciberseguridad, por sus siglas en inglés) tiene en cuenta cinco aspectos: la existencia de un marco legal para la seguridad y la ciberdelincuencia, la existencia de medidas técnicas para abordar el desarrollo de la seguridad a nivel nacional, un nivel organizativo para abordar la ciberseguridad, el desarrollo de programas de investigación y la cooperación entre países y redes de intercambio de información.
Otro de los índices de referencia que miden la seguridad informática es el NCSI (Índice Nacional de Ciberseguridad, por sus siglas en inglés). Según sus datos, de entre todos los países, hay uno, en concreto, que resalta sobre el resto: Marruecos. Así, según se desprende, el país dirigido por Mohamed VI habría aumentado su ciberseguridad, entre finales del año 2021 y principios de 2022, hasta casi 80 puestos en el ránking, con aumentos significativos en la educación de la ciberseguridad, su estrategia, la coordinación de sus políticas y la protección de los datos personales.
Desde que se hizo público el espionaje a Sánchez, el reino alauita se ha convertido en el principal sospechoso por la oposición, diversos medios y la opinión pública, en general. Un recelo que se acrecentó cuando se hizo oficial el resto de espionajes dentro del Ejecutivo. Aparte del hackeo al teléfono del presidente y de los dos ministros encargados de la defensa y seguridad del Estado, se especificó que había habido un intento frustrado de intrusión en el móvil del titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, que tuvo relación con la monarquía alauí como embajador en Rabat.
"Es bastante extraño y sorprende mucho que fueran espiados los móviles más relevantes de un país"
Miguel López, director general en España de la compañía de seguridad Barracuda Networks, relata que existen dos tipos de ciberseguridad. La civil -que debe contar con políticas activas de educación a la ciudadanía y de inclusión de esta en la cadena de producción de una empresa- y la defensiva, que es de la que se encarga, por ejemplo, el CNI. Aunque asegura que los últimos episodios vividos demuestran que hay áreas de mejora, se muestra escéptico sobre lo ocurrido: "Es bastante extraño y sorprende mucho que fueran espiados los móviles más relevantes de un país y que el CNI no se diera cuenta hasta un año después".
Desde la empresa de ciberseguridad Formind aseguran que en los móviles corporativos, como los de un presidente, que suelen estar bajo un programa de defensa contra amenazas, su rastreo es "continuo" y "las alertas se centralizan". Un tipo de protección que, según dicen, "impiden cambios no autorizados o mantienen zonas apantalladas". Además, resaltan que el teléfono de Sánchez debería tener filtrado la salida a Internet o estar manipulado para que no pudiesen instalar aplicaciones".
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