Getafe, Leganés, Móstoles... Las casos de asociaciones de padres que denuncian que en el colegio de sus hijos existen techos con amianto, con el consiguiente peligro para la salud de los niños, no deja de crecer. Las cifras hablan por sí solas: entre 12.000 y 15.000 personas se vieron expuestas al amianto en la Comunidad de Madrid entre los años 1970 y 2000 y entre 4.000 y 5.000 podrían morir hasta el año 2030 víctimas de esta exposición, según estimaciones del sindicato CCOO de Madrid. Retirar estos tejados no es barato, unos 300 euros por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que en los centros educativos suelen estar afectadas grandes superficies, la factura suele rondar los 100.000 euros. Precisamente, este es uno de los caballos de batalla al que se enfrentan los padres: ninguna administración quiere hacerse cargo y el Ejecutivo central se lava las manos.
Así, el Gobierno de Rajoy asegura que en lo que "se refiere a los colegios infantiles, dada la transferencia de competencias en materia de Educación con el correlativo traspaso de los medios, el plan de actuación en los mismos debería ser promovido por las Comunidades Autónomas en colaboración con los Ayuntamientos". No obstante, a la hora de la verdad, equipos locales y regionales se pelean por cargar el coste a sus presupuestos y mientras que unos argumentan que las competencias en Enseñanza son de la Comunidad de Madrid, los otros responden que mantenimiento de estos edificios depende de los ayuntamientos. Mientras, el Ejecutivo central se limita a recordar que "los trabajos deben realizarse por empresas especializadas y con las debidas medidas de seguridad, conforme al protocolo medioambiental y a la legislación vigente".
Según denuncia el sindicato CSIT-Unión Profesional, en el colegio de Getafe Margarita de Alacoque está sucediendo exactamente eso: desde el Gobierno local han confirmado la presencia de amianto en el citado centro escolar, y han asegurado que el Consistorio “está al habla con Comunidad de Madrid para valorar quién es la administración responsable para la retirada de estas placas, puesto que el Ayuntamiento se encarga del mantenimiento pero fue la Comunidad de Madrid quien construyó el colegio incluyendo el amianto”. Mientras, se lamentan varios padres, los niños continúan conviviendo con el amianto. "Como no se solucione cuanto antes, yo cambio a mis hijos de colegio", asegura uno de los padres.
No es el primer colegio de Getafe que sufre un percance similar. En noviembre, tras la demolición de un polideportivo en ruinas que contenía fibrocemento , los alumnos del instituto Puig Adam, ubicado a menos de 50 metros, se vieron afectados. Los padres de los alumnos denunciaron entonces que sus hijos podrían haber inhalado las partículas de esta sustancia cancerígena. "No estoy dispuesta a consentir que mi hija tenga problemas de salud por la ineptitud de los políticos", comenta indignada una madre.
Fondo para víctimas
La solución para Unidos Podemos sería se trasladaran los gastos de retirada de amianto “a la empresa que casi en exclusiva utilizó este producto a pesar de conocer perfectamente sus consecuencias desastrosas para las personas”, tal y como consta en una propuesta del partido en el Ayuntamiento de Alcorcón, otro municipio especialmente afectado por este tipo de construcciones. Por otro lado, el Gobierno central tendrá que negociar con los grupos políticos un fondo de compensación para las víctimas del amianto ya que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado noviembre la toma en consideración de una Proposición de Ley sobre esta materia, presentada por el Parlamento Vasco. La idea no era nueva. En 2016, Podemos presentó una Proposición no de Ley para "crear un Fondo Estatal de Indemnización a las víctimas del amianto, al igual que está establecido en países de nuestro entorno, con cargo a las entidades aseguradoras, empresas responsables y presupuestos del Estado a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social".
Según CCOO, en España actualmente hay más de 2,6 millones de toneladas de amianto instalado en tejados, paredes, techos, instalaciones de aireación, calorifugado, sistemas de conducción de agua y gas, edificios e instalaciones. Además, tal y como explica la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), un 20% de las redes de agua potable en España aún están fabricadas con fibrocemento, esto es, unos 40.000 kilómetros. La Unión Europea se ha posicionado en este tema de forma clara en varias ocasiones, pidiendo la completa eliminación de este material y recordando que hasta el año 2030 medio millón de personas morirán en toda Europa por enfermedades derivadas de la exposición al amianto.
Este aislante se empleó durante décadas en la construcción, y una parte muy importante de las edificaciones levantadas antes del año 1990 contienen este material, comenzando por la omnipresente uralita, compuesta de amianto en un 30%. "El problema es que las fibras de amianto provocan enfermedades como la asbestosis, cáncer de pulmón o cáncer de pleura. Por eso, su utilización está completamente prohibida desde el año 2002 y para su retirada existe una normativa y unos protocolos muy detalladas, pero que no siempre se cumplen", concluyen desde Ecologistas en Acción.
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