El gobierno suprime el canon digital

El Consejo de Ministros acordó este viernes suprimir el canon digital, ya que anunció que realizará las actuaciones legislativas necesarias para la modificación del régimen de la compensación equitativa por copia privada.
Así, el Ejecutivo se comprometió a elaborar en el plazo de dos meses un proyecto de ley que recoja una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado.
Dicha cantidad, explicó el Gobierno, la determinará el Ejecutivo y se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado "tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea".
COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Por otra parte, el Gabinete aprobó también un decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual, órgano colegiado de ámbito nacional adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, regulado por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Con la aprobación el pasado mes de marzo de la Ley de Economía Sostenible, explicó el Gobierno, la citada comisión ha experimentado una "profunda modificación al ampliar considerablemente sus funciones", que comprenden tanto la mediación y arbitraje (que ya venía ejerciendo), como actuaciones dirigidas a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
Para el ejercicio de estas funciones la Comisión de Propiedad Intelectual se organiza en dos secciones: la Sección Primera ejerce las funciones de mediación y arbitraje y experimenta "una importante ampliación" de su ámbito material, lo que refuerza su relevancia en el sistema vigente de la propiedad intelectual, "como instrumento idóneo para la resolución extrajudicial de controversias.
La Sección Segunda ejercerá las nuevas funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información.
Para ello se establece un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial, que requiere de la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para garantizar la integridad de los derechos fundamentales afectados.