Moncloa ha movido dos alfiles para intentar abaratar el recibo de la luz a medio y largo plazo. El Anteproyecto de Ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros para poner coto a una parte de los 'beneficios caídos del cielo' y el Proyecto de Ley para alumbrar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) son sólo la punta del iceberg de una batalla que el Gobierno lleva discutiendo a nivel interno durante varios meses. Ha habido un profundo debate en la coalición, en la que han participado los equipos económicos de PSOE y de Unidas Podemos, en el que se barajó desde una ofensiva fiscal contra Iberdrola, Endesa o Naturgy hasta la puesta en marcha de una compañía pública de energía. Se estudiaron los pros y los contras y, especialmente, las posibilidades legales de cada una de ellas.
El debate arrancó tras el temporal Filomena que afectó principalmente al centro de la Península a principios de año. Se constituyó entonces un grupo de trabajo que lideraron la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, según explican fuentes gubernamentales consultadas por La Información. ¿Objetivo? Abaratar la factura de la luz mediante el recorte de una parte de los citados 'beneficios caídos del cielo', un compromiso que se encontraba recogido en el pacto de coalición.
Una de las opciones que se estudió en este sanedrín gubernamental fue la creación de un impuesto específico a las eléctricas que perciben esos 'beneficios caídos del cielo'. En concreto se abordó un 'windfall profits tax' a dichas compañías por esas ganancias sobrevenidas que perciben. Esta tasa ya existe en Reino Unido, que es donde se fijó el Gobierno español. En las islas británicas, en efecto, las compañías energéticas tienen que pagar a Hacienda un 23% por esas sobrerretribuciones. Sin embargo, en el debate interno se descartó esta posibilidad por la "escasa utilidad", argumento que citan en el PSOE, que tendría en el objetivo final: rebajar el recibo de la luz.
El Gobierno también puso sobre la mesa limitar el precio que las compañías, a través de sus centrales nucleares e hidroeléctricas, pueden cobrar por la electricidad que producen. De esta forma, el Ejecutivo fijaría por contrato el coste concreto de estas tecnologías, como ya se hace en las subastas de renovables, y así se evitarían las oscilaciones actuales. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite fijado se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se podría destinar a abaratar la factura final. Tampoco es una opción descartada en este momento sino que se ha dejado para el futuro trámite parlamentario del proyecto de ley.
También se ha pospuesto a la tramitación paralamentaria la posibilidad implantar en España un mecanismo similar al Arenh francés: un instrumento para que, en el caso de la energía nuclear, las comercializadoras independientes puedan tener acceso a la cuarta parte de la producción eléctrica de EDF a un precio fijo. Es en este punto donde se abrió el gran debate: ¿una empresa pública de energía?
¿Una empresa pública de energía?
Unidas Podemos viene presionando desde hace meses para que se haga realidad. "Pensamos que una empresa pública de energía que favorezca la competencia en un sector oligopolístico, y que saque a la luz la información real sobre el sistema y sus costes de generación, puede contribuir también a los objetivos de reformar y democratizar el mercado eléctrico, reducir la factura y garantizar el suministro a precios asequibles para toda la ciudadanía", expuso el propio Álvarez y la hoy ministra Ione Belarra. Pero la respuesta del PSOE, en las primeras negociaciones, fue negativa. El Ministerio de Ribera defiende que el lanzamiento de esa firma pública "no es viable" en este momento.
El Gobierno aún tiene pendiente cumplir con su compromiso en el pacto de coalición sobre política energética para rebajar la factura de la luz. De momento, todo lo que ha pueso sobre la mesa, son proyectos a futuro, ya que no se convertirán en ley hasta, al menos, mediados del próximo año. En ese acuerdo de Gobierno se contemplan medidas como "que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética". En la nueva factura de la luz, de momento, no hay ni rastro de este proyecto.
Hay que recordar que el Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente aprobado por la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo considera que el Govern excede en sus competencias al plantear un tributo que grava la producción, almacenamiento y la transformación de energía eléctrica. En la coalición no se ha estudiado esta tasa. La Justicia europea, por cierto, también acaba de avalar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), creado en 2012 por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy para ayudar a tapar el déficit de tarifa. La tasa grava con un 7% la generación eléctrica.
El Gobierno de coalición tampoco ha encontrado en este momento un mecanismo que evite subidas de la factura en periodos de consumo extraordinario. Es decir, si se produce otra Filomena o una ausencia de viento, la factura de la luz lo notará, de nuevo, en perjuicio del consumidor. PSOE y Unidas Podemos tambiéntiene pendiente cerrar el nuevo bono social para llegar a las familias en situación de vulnerabilidad que lo necesitan.
Fuentes gubernamentales destacan que el Ministerio de Transición Ecológica se está cubriendo en todos los pasos que va dando de una posible batalla legal iniciada por las compañías energéticas. El Anteproyecto que alumbró este martes el Consejo de Ministros, de hecho, cuenta con informes favorables tanto del Consejo de Estado como de la Abogacía para evitar posibles recursos ante el Tribunal Supremo.
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