Vitoria, 28 feb.- El Gobierno Vasco ha decidido aumentar en 22,5 horas al año la jornada laboral de sus aproximadamente 70.000 funcionarios y empleados públicos, una decisión que los sindicatos han considerado una agresión y una imposición.
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT se han reunido hoy para intentar acordar las condiciones laborales de los empleados públicos vascos pero no ha sido posible el acuerdo.
Por ello, el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará varias medidas que modifican las condiciones laborales de sus trabajadores, entre ellas el aumento de la jornada laboral anual hasta las 1.614,5 horas, lo que pone fin a las 35 horas semanales vigentes.
En un comunicado, el Gobierno Vasco ha afirmado que, pese a esta ampliación, los empleados de la Administración vasca seguirán teniendo "las mejores condiciones laborales en Euskadi".
El viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco, Andrés Zearreta, ha señalado que el Ejecutivo ha considerado que hay que "trabajar un poquito más, como lo han decidido y lo están decidiendo los trabajadores de las empresas privadas en este país o lo están decidiendo en el resto de las administraciones".
Los sindicatos han rechazado de forma unánime el aumento de la jornada laboral de la administración pública vasca, una decisión que la central mayoritaria, ELA, ha calificado como una "una agresión sin precedentes".
Itxaso Ortega (LAB) ha dicho en declaraciones a Efe que no van "a tirar la toalla", pese a que ha reconocido que ven "difícil" que el Gobierno Vasco dé marcha atrás.
Desde UGT, se ha acusado al Ejecutivo de "haber montado un paripé de negociación" en la Mesa de Función Pública y le ha reprochado que haya "impuesto recortes y destrucción de empleo público".
Este sindicato ha acusado al Gobierno de Urkullu de "plegarse" a los recortes aprobados por el Ejecutivo central al "imponer" la prolongación de la jornada laboral, suprimir días de asuntos propios y de antigüedad, y congelar el salario.
Desde Comisiones Obreras se ha considerado que esta decisión va a tener una repercusión negativa en el empleo público y ha acusado al Gobierno de abrir la puerta a la privatización de servicios.
Mientras se celebraba la reunión de la Mesa General, cientos de funcionarios vascos se han concentrado en las tres capitales contra los recortes para protestar por el aumento de la jornada laboral.
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