El gobierno vasco presenta la ley de aprendizaje a lo largo de la vida como respuesta a la necesidad de formación de los trabajadores

El Consejo del Gobierno vasco aprobó este martes la llamada Ley de aprendizaje a lo largo de la vida cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades de formación actuales, en un momento en el que, según el acuerdo, “se ha acabado el tiempo en el que el aprendizaje era una actividad llevada a cabo antes de la vida laboral para luego pasar a desempeñar una misma profesión para toda la vida”.
El Ejecutivo que preside Patxi López contextualiza su iniciativa legislativa en que el nuevo mercado de trabajo exige que las personas “estén involucradas” en un proceso de formación continua, “en un sistema que constantemente renueve sus competencias en respuesta a las nuevas necesidades” del mismo.
Esta ley también trata de responder a todas las inquietudes formativas de la ciudadanía vasca, de asegurar que “tendrán la posibilidad de seguir formándose a lo largo de su vida, de reconocer aquellas competencias que hayan recogido gracias a su experiencia laboral y de tantas otras iniciativas que permitan que el proceso de formación de las personas no termine cuando comience su vida laboral”.
La ley establece un marco legal que impulse y regule un sistema eficaz de aprendizaje a lo largo de la vida en el País Vasco, como un derecho para la ciudadanía vasca. De igual modo crea un sistema integrado de Formación Profesional que parte del concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, con la aspiración de atender las necesidades de cualificación y recualificación del conjunto de la población vasca a lo largo de su trayectoria profesional.
Esta ley concibe la formación profesional como un “auténtico derecho” a adquirir y actualizar las cualificaciones y permite reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas por medio de la experiencia laboral u otras vías no formales de aprendizaje. También impulsa un sistema de orientación a lo largo de la vida, integrando las actividades de orientación desarrolladas por los distintos organismos con competencias en la materia y reforzando su papel en las políticas de empleo e inclusión social.
Por último, según reza el acuerdo, fomenta la cooperación entre las diferentes instituciones que configuran el entramado administrativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de éstas con los agentes que actúan en este ámbito.