El Gobierno vuelve a aplazar la aprobación de la reforma local

Madrid, 31 ene.- El Gobierno ha vuelto a aplazar la aprobación del anteproyecto de ley de la reforma de la administración local, ya que no se verá en el Consejo de Ministros de mañana y queda pendiente para una próxima reunión, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

En principio, estaba previsto que el informe sobre ese anteproyecto fuera tramitado por el Gobierno en su reunión del pasado viernes.

Sin embargo, decidió posponerlo en aras de lograr el mayor acuerdo posible en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

Tras la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP el pasado martes, De la Serna descartó alcanzar un acuerdo global, aunque mostró su convencimiento de que todavía se puede llegar a acuerdos puntuales entre populares y socialistas.

Finalmente, el Ejecutivo ha decidido esperar al menos una semana más para aprobar el anteproyecto, que deberá enviarse después al Consejo de Estado antes de volver a la mesa del Consejo de Ministros.

El Gobierno persigue con esta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local clarificar las competencias entre administraciones y ahorrar unos 3.500 millones de euros evitando duplicidades.

Este cambio en el ámbito municipal es el primer paso en la reforma de las administraciones que ha impulsado el Gobierno bajo el mensaje lanzado en el debate de investidura del presidente, Mariano Rajoy, de "una administración, una competencia".

El Gobierno fijará en esta reforma, la mayor que se acomete en la administración en los últimos treinta años, la competencia exclusiva e íntegra de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales en las comunidades autónomas para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales.

El Ejecutivo tiene también la intención, en el marco de esta reforma, de modificar la ley electoral para reducir el número de concejales que se elegirán en los comicios de 2015 y poner un tope al sueldo de los alcaldes para que no puedan cobrar más que un secretario de Estado -escala que se incluirá en los presupuestos generales-.

El PP y el PSOE no han conseguido consensuar la reforma, sobre la que han mantenido una larga negociación, principalmente por el papel reforzado que imprime esta ley a las diputaciones, que podrán prestar servicios de los municipios menores de 20.000 habitantes.

Los socialistas han criticado que esta posibilidad abre la puerta a la privatización de servicios municipales y han anunciado que están dispuestos a recurrir la futura ley ante el Tribunal Constitucional si se mantiene en los actuales términos.

Desde las filas populares se han negado estas acusaciones de privatización y se ha defendido que esta norma persigue una modernización de las estructuras municipales.