El Govern afirma que la decisión de Pujol le honra aunque pueda ser "injusta"

Barcelona, 19 mar.- El conseller de la Presidencia, Francesc Homs, ha expresado hoy su respeto por la opción Oriol Pujol de delegar sus cargos en CDC y CiU tras ser imputado por la presunta trama de las ITV, decisión que, ha dicho, "le honra" aunque pueda ser "injusta" porque de momento es "inocente".

"Creemos que le honra mucho esta decisión, que según sus palabras -de Oriol Pujol- es injusta porque corresponde más a una percepción que a una realidad", ha afirmado Homs en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo catalán.

El también portavoz del Govern ha recordado que un imputado no es culpable y ha manifestado su "confianza personal en la inocencia" de Oriol Pujol, que hoy ha sido imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su presunta vinculación con la trama de adjudicaciones irregulares de estaciones de ITV.

Homs ha remarcado que toda la información que aparece en el auto, que apunta a indicios de que Oriol Pujol usó su "peso político" para obtener "beneficio económico", se tiene que demostrar, por "muy grave que pueda sonar" a primera lectura.

Asimismo, el portavoz del Govern ha afirmado que, de cara a la ciudadanía, "no se puede trasladar a la opinión pública que un imputado es un culpable".

En este sentido, Francesc Homs ha remarcado que el caso de Oriol Pujol no afecta a la intención del Govern de luchar contra la corrupción política porque el ejecutivo catalán respeta la presunción de inocencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera que Oriol Pujol usó presuntamente su "peso político" en CDC y en su grupo parlamentario para conseguir un "beneficio económico para él y/o sus amigos", y que para ello logró incluso el nombramiento de dos cargos en el Departamento de Empresa.

Así lo mantiene el magistrado del TSJC Enric Anglada, en el auto en el que acuerda la imputación del secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su presunta relación con una trama de empresarios y cargos públicos que pretendía alterar en beneficio propio la concesión de estaciones de inspección de vehículos en Cataluña.