El Govern catalán se ha dirigido este jueves al Ejecutivo de Pedro Sánchez para pedir que relaje el objetivo de reducción del déficit público de las Comunidades Autonómas del 0,1 al 0,4%. Además, también ha reclamado que levante el control reforzado que existe desde el año 2015 sobre los pagos que recibe Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Ha sido el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, quien lo ha trasladado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión que han mantenido después de un primer encuentro entre Aragonés y la vicepresidenta Carmen Calvo.
Según el representante catalán, Montero se ha comprometido a estudiar ambas peticiones, que se verán en detalle en la comisión bilateral sobre asuntos económicos y fiscales que existe entre el Estado y la Generalitat y que ambos gobiernos se han comprometido a reactivar. Esta comisión la presidirá Aragonés, por parte catalana, y previsiblemente la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón.
Aragonés ha dejado claro que el Govern da prioridad al diálogo bilateral entre el Estado y la Generalitat frente a foros multilaterales que reúnen al Ejecutivo español con el conjunto de las autonomías. Es más, ha llegado a decir que, por el momento, el Govern "no contempla" participar en ninguno de estos foros, aunque no ha cerrado la puerta del todo a participar en futuras reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
De hecho, está prevista en los próximos días una reunión de este Consejo en la que el Gobierno tendrá que pactar con las autonomías los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2019-2021. Pero Aragonés ha dicho que espera que la primera reunión "técnica" para tratar acuerdos con el Estado en materia económica y fiscal se celebre en el marco de la comisión bilateral Estado-Generalitat y no en el CPPF.
Junto con la demanda de relajación del objetivo de déficit y la eliminación del control reforzado a Cataluña en el marco del FLA, Aragonés reclama al Estado el pago de "una deuda pendiente" de 700 millones de euros para financiar los Mossos d'Esquadra. El Govern considera que existe también una deuda pendiente de 780 millones de euros en concepto de inversiones estatales en infraestructuras en Cataluña, así como recursos económicos pendientes por parte del Estado para cumplir en esta comunidad la ley de dependencia.
Con Montero, Aragonés también ha hablado de cuestiones relacionadas con la gestión de la deuda o de préstamos con entidades financieras que con el anterior Gobierno permanecían bloqueados y suponían un problema. El vicepresidente del Govern le ha pedido expresamente a Montero la retirada de los recursos que el Estado tiene planteados en el Tribunal Constitucional contra leyes catalanas en materia tributaria.
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