El independentista Puigdemont asume la presidencia de Cataluña

Su legislatura se prevé corta, de 18 meses, y con una misión clara: avanzar apresuradamente hacia su separación del reino de España en 2017 y ser fiel únicamente al parlamento regional, dominado por los independentistas desde las elecciones del 27 de septiembre.

En una solemne ceremonia en el céntrico palacio gótico de Barcelona, sede del gobierno regional, Puigdemont prometió "cumplir lealmente a las obligaciones de presidente de la Generalitat (gobierno regional, ndlr) con fidealidad al pueblo de Cataluña representado por el parlamento".

En ningún momento prometió lealtad a la Constitución española, símbolo de la unidad del país, como suele ser habitual. Justo después, el presidente saliente Artur Mas le impuso la medalla representativa del cargo, escenificando así el relevo al frente de esta rica región.

Tras cinco años de mandato, marcados por una escalada de tensión con Madrid y recortes presupuestarios en la región, Mas se vio forzado a renunciar para facilitar un pacto entre la coalición Juntos por el Sí (con conservadores y progresistas) y la izquierda anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), contrarios a su reelección.

En su despedida recibió una larga ovación de los asistentes, mientras los representantes del gobierno español, entre ellos el ministro del Interior, abucheado por militantes independentistas concentrados frente al palacio gubernamental, permanecían sentados y con expresión grave.

Como sucesor designó a Puigdemont, un independentista desacomplejado de su propio partido y hasta ahora alcalde de Girona (noreste), para liderar el proyecto plasmado en una polémica resolución parlamentaria aprobada el 9 de noviembre.

En ella, los independentistas lanzaban su proceso de secesión y declaraban su "no sumisión" a las instituciones españolas.

Según lo pactado en esa moción, el nuevo gobierno debe empezar en un mes a tramitar las leyes destinadas a crear una hacienda y una seguridad social catalanas. Según una portavoz del departamento regional de Economía, la agencia tributaria "está avanzada y se está contratando personal".

En Madrid, el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy, que consiguió anular a través del Tribunal Constitucional la resolución parlamentaria, advirtió que no consentirá ningún acto ilegal.

"No nos va a faltar ni firmeza, ni determinación, para defender como es nuestra obligación (...) la unidad de España", aseguró este martes en un acto de su partido.

En un corto discurso tras su toma de posesión, Puigdemont se comprometió a no avanzar hacia la secesión "de cualquier manera" y a "garantizar la solvencia jurídica" de las decisiones de su gobierno. Éste estará compuesto por miembros de diferentes partidos independentistas.

Su brazo derecho será Oriol Junqueras, presidente del histórico partido independentista Esquerra Republicana (ERC). Será vicepresidente y responsable del área económica, encargada de aplicar las medidas sociales prometidas a la CUP como prohibir cortar los suministros a hogares pobres, frenar los desahucios o elevar el salario mínimo.

"Tenemos que ser honestos, con las herramientas de que disponemos esto no lo podemos garantizar. Estamos ahogados y humillados financieramente, estamos desatendidos por las inversiones del Estado", dijo Puigdemont.

"Nos hace falta la herramienta que nos garantice todo esto", añadió, refiriéndose a la independencia, sin mencionarla.

Su ejecutivo tendrá también un departamento de exteriores, liderado por el exeurodiputado ecolocomunista Raul Romeva, con el objetivo de implicar a Europa en este conflicto.

Desde 2010, al calor de la crisis y una escalada de tensión con Madrid, el independentismo creció exponencialmente en esta región mediterránea de 7,5 millones de habitantes y una quinta parte de la riqueza nacional.

En septiembre, un 47,8% de los votantes dieron apoyo a los partidos independentistas que, ante la infructuosa reivindicación de un referéndum de autodeterminación como el de Escocia en 2014, quieren avanzar unilateralmente.

Esto puede desencadenar movimientos en Madrid, donde Rajoy encuentra grandes dificultades para formar gobierno tras haber obtenido 123 de los 350 escaños del parlamento en las legislativas de diciembre. Si no lo consigue, el partido socialista PSOE (90 escaños) quiere conformar una coalición progresista.

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