El jefe del Ejército paquistaní marca el paso frente al poder judicial

Pau Miranda

Islamabad, 6 nov.- El jefe del Ejército paquistaní, Ashfaq Pervez Kiyani, ha remarcado el peso de su institución con unas contundentes declaraciones que parecen responder a la decisión del Supremo de imputar a un predecesor suyo por amaño de elecciones.

Las palabras de Kiyani, pronunciadas ayer en un discurso frente a oficiales, hallaron respuesta en otro del jefe del Supremo, Iftikhar Chaudhry, y hoy los medios interpretan este inusual intercambio de mensajes como un choque entre las dos instituciones con mayor peso del país.

"Ningún individuo o institución tiene el monopolio para decidir qué está bien o mal a la hora de definir el interés nacional", dijo Kiyani, en una afirmación que se ha analizado casi unánimemente como un dardo a la judicatura.

"Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario", prosiguió el jefe del Ejército, que recalcó que los juicios previos "minan a las instituciones".

Las declaraciones llegan apenas dos semanas después de que el Supremo ordenara investigar a un exjefe del Ejército por el presunto amaño de las elecciones legislativas de 1990 para perjudicar al Partido Popular, ahora en el Gobierno y entonces dirigido por Benazir Bhutto, asesinada en 2007.

En una decisión inédita, el tribunal presidido por Chaudhry decretó acciones legales contra el general Aslam Beg y contra el entonces responsable de la principal agencia de espionaje (ISI), Asad Durrani, por haber orquestado un complot electoral.

El Supremo tomó la decisión por sorpresa en un caso iniciado tras la denuncia realizada hace 16 años por un exmilitar, Ashgar Khan, y que no solo implica a los militares sino también al principal partido opositor, el PML-N, que venció en los mencionados comicios.

Además de este caso, están en marcha investigaciones contra seis generales por acusaciones de malversación y corrupción en la gestión de fondos públicos.

"Debilitar a las instituciones e intentar asumir más del deber asignado nos hará retroceder", subrayó Kiyani, que dijo que "no se tolerará" a quienes intenten crear divisiones entre los responsables de las Fuerzas Armadas y sus subordinados.

El Ejército es la institución más sólida del país asiático y ha regentado el poder durante la mayor parte de la historia de Pakistán desde su independencia del Imperio Británico en 1947.

"Ya han pasado los días en los que la estabilidad y la seguridad del país se medían en términos de misiles y tanques", replicó Chaudhry en un discurso ante funcionarios en formación poco después de que se conocieran las declaraciones de Kiyani.

El enfrentamiento institucional en el país es casi endémico y en los últimos meses se ha agudizado con diversos casos que tienen como eje al Supremo y a su hiperactivo jefe, que también se ha enfrentado este año con el Ejecutivo y con el presidente, Asif Alí Zardari.

El domingo pasado, Zardari declaró -aunque con mucho menos eco mediático- que "el Parlamento está siendo atacado", en relación al contencioso que confronta a su partido con el Supremo a cuenta de un caso de corrupción en el que el presidente es principal implicado.

Las complejas alianzas institucionales se tejen y se destejen con gran velocidad en Pakistán, que debe celebrar comicios generales la próxima primavera si no hay contratiempos de última hora.

A pesar del fuego cruzado de ayer entre los estamentos judicial y militar, hoy el Supremo ha ordenado investigar a los medios de comunicación que sugirieron en su momento que el Ejército había colaborado o tuvo conocimiento de la operación contra Osama bin Laden el año pasado.

El dos de mayo de 2011 un comando de elite estadounidense liquidó al líder de Al Qaeda en la localidad paquistaní de Abbottabad, cercana a Islamabad, y algunas voces acusaron a los militares de haber protegido a Bin Laden.

Otras, sin embargo, se apuntaron a la teoría de que el Ejército local conocía la operación e incluso llegaron a afirmar que efectivos militares paquistaníes habían participado en ella.

Aquella operación dio lugar a un choque entre el Ejecutivo y los militares a cuenta de la supuesta petición de ayuda del Gobierno de Zardari a EEUU para frenar tentaciones golpistas del Ejército, y el caso acabó también en el omnipresente Tribunal Supremo.