El jueves empieza el juicio a cúpula de Batasuna y sus sucesoras PCTV y ANV

  • La Audiencia Nacional celebrará a partir del jueves el juicio a 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, cuyo inicio fue suspendido el pasado 12 de enero por la detención ese día de tres de las abogadas defensoras en la operación contra el "frente de cárceles" de ETA.

Madrid, 25 ene.- La Audiencia Nacional celebrará a partir del jueves el juicio a 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, cuyo inicio fue suspendido el pasado 12 de enero por la detención ese día de tres de las abogadas defensoras en la operación contra el "frente de cárceles" de ETA.

Tras esa suspensión y al quedar al día siguiente en libertad esas tres letradas -Eukene Jauregui, Haizea Ziluaga y Amaia Izco-, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar estos hechos, volvió a fijar para el jueves 29 de enero el inicio de la vista oral.

Entre los 35 procesados, que se enfrentan a una petición del fiscal de 10 años de cárcel por integración en organización terrorista, destacan históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

El juicio se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares a partir de las 10.00 horas y continuará el viernes, para retomarse después en marzo con la intención de que finalice el 8 de junio, según el calendario facilitado por la Audiencia Nacional.

Además de Barrena y Petrikorena, entre los acusados también se encuentran las exparlamentarias vascas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).

El resto de procesados son el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y su tesorero, Jesús María Aguirre, además de Eusebio Lasa, Joana Regueiro, Ángel María Elkano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo, Marije Fullaondo y Tomasa Alejandre.

También están encausados Haizpea Abrisketa, Arantza Santesteban, Karmele Ayerbe, Jon Kepa Garay, Mikel Etxaburu, Aner Petralanda, Francisco Javier Urrutia, Mikel Gotzon Zubimendi, Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Gorka Murillo e Ignacio Oralde.

El resto son Iñigo Balda, Gorka Díaz Martín, Maite Fernández Labastida, Aitor Aranzabal, Joseba Zinkunegi, Alazne Arozena, Peio Xabier Gálvez, Antón Gómez Lorente y Aurore Martín.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 encausados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la "colaboración" entre la formación ilegalizada y ANV "se compró" en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera "en base a la legalidad española".

Para el Ministerio Público, la "instrumentalización" de ANV se acreditó en la "sumisión" de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.

En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue "fagocitado" por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias "on line".

Según el escrito, en la "lucha político-institucional" utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el "peso fundamental" recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".

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