El jueves se decidirá sobre ley que permite a Berlusconi no acudir a juicios

  • Roma.- El Tribunal Constitucional italiano decidirá el próximo jueves sobre la validez de la llamada ley del legítimo impedimento, a la que se ha acogido el primer ministro Silvio Berlusconi en reiteradas ocasiones para no acudir a declarar en los procesos que tiene pendientes.

Berlusconi cambia el nombre a su partido por el de "Italia", según una diputada
Berlusconi cambia el nombre a su partido por el de "Italia", según una diputada

Roma.- El Tribunal Constitucional italiano decidirá el próximo jueves sobre la validez de la llamada ley del legítimo impedimento, a la que se ha acogido el primer ministro Silvio Berlusconi en reiteradas ocasiones para no acudir a declarar en los procesos que tiene pendientes.

Así lo anunció hoy el presidente del Alto Tribunal, Ugo De Siervo, durante una pausa de la audiencia pública celebrada en Roma, durante la que se analizó el contenido de esta polémica norma, que permite a Berlusconi y a sus ministros ausentarse de los juicios alegando problemas de agenda por "compromisos oficiales".

La decisión del Constitucional se espera con gran expectación en Italia, puesto que de ser invalidada podría suponer la reanudación de los juicios por los conocidos como "caso Mediaset" y "caso Mills", suspendidos a la espera del dictamen, en los que Berlusconi está acusado de corrupción en acto judicial y fraude fiscal, respectivamente.

La ley del legítimo impedimento fue concebida por el Gobierno como un "escudo" temporal (se aprobó por un período de 18 meses) a la espera de que el Parlamento apruebe un nuevo "Lodo Alfano", la ley que otorga inmunidad a los más altos cargos del Estado.

Un trámite que ahora se presenta complicado, pues llega en un momento delicado políticamente para el primer ministro, que ha perdido la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados y cuya fragilidad en este hemiciclo quedó patente el pasado 14 de diciembre cuando logró salvar una moción de censura por tan solo tres votos.

En su intento de evitar la invalidación de la ley, la defensa de Berlusconi subrayó que la ley no perjudica la capacidad de evaluación de los jueces, puesto que su aceptación no es automática ya que los magistrados pueden verificar si el "impedimento" existe o no y si estaba previsto en la agenda institucional.

Asimismo, rebatieron que la materia no necesita de una ley constitucional y que en ningún momento deroga el artículo del código de procedimiento penal, que regula los supuestos en los que el imputado no puede comparecer por causa de fuerza mayor o un legítimo impedimento.

Y es que, los jueces de los Tribunales milaneses que siguen los procesos en los que está imputado Berlusconi y que solicitaron el pronunciamiento del Constitucional, estiman que la materia regulada por la ley del legítimo impedimento necesita de una ley constitucional y consideran que existe una desproporción exagerada entre el derecho de defensa y las exigencias de la jurisdicción.

Por el momento, las últimas filtraciones publicadas por los medios de comunicación apuntan a la invalidación de la norma por parte del Alto Tribunal.

Según el diario "la Repubblica" siete jueces sostienen una postura contraria a la norma, cinco estarían a favor de convalidarla, mientras la valoración de otros tres es todavía incierta.

Sin embargo, según el rotativo "Corriere della Sera", el Alto Tribunal no desea emitir un dictamen que muestre una división de criterios por lo que se estaría estudiando la posibilidad de una invalidación parcial o de una sentencia interpretativa.

En este último caso, el Tribunal dejaría en manos de los jueces la decisión de admitir el legítimo impedimento en cada caso que este fuera argumentado.

Esta es la segunda vez desde abril de 2008, cuando se inició esta legislatura, que el Constitucional italiano es llamado a pronunciarse sobre una ley que afecta a los juicios en los que se ha visto implicado Berlusconi.

En octubre de 2009 el Alto Tribunal invalidó el conocido como "Lodo Alfano", que otorgaba inmunidad a los cuatro mayores cargos del Estado y que había permitido hasta el momento la suspensión de los procesos contra Berlusconi.

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