La Audiencia Nacional ha movido ficha después de que la Fiscalía Europea informara que también investiga el denominado 'caso Ayuso' ante la presunta malversación de fondos europeos. Así, el órgano judicial ha designado al juez Alejandro Abascal para que vigile que los derechos fundamentales de cualquier persona implicada en este procedimiento abierto por la adjudicación para la compra de mascarillas no se vean afectados. Según han informado fuentes jurídicas a La Información, debido al turno de reparto, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 será quien ejerza como juez de garantías, una figura necesaria en los modelos procesales en los que los fiscales dirigen las investigaciones de las causas penales.
Como se ha podido saber en los últimos días, la Fiscalía Europea ha abierto su propia investigación sobre las presuntas irregularidades en el contrato que adjudicó la Comunidad de Madrid en abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3, en el que medió el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al sospechar que dicha licitación se financió "al parecer" con dinero procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una investigación que ha generado un cierto debate en el entorno fiscal, que ha concluido con la determinación de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de que la competencia para investigar este asunto es de la Fiscalía Anticorrupción, al tratarse de un asunto que afecta "directa y esencialmente a intereses nacionales".
Sin embargo, la Fiscalía española no puede impedir que la europea investigue si en dicho contrato público, que se concedió a Priviet Sportive SL, empresa administrada por un amigo de la familia Díaz Ayuso, por el importe de 1,5 millones de euros, se utilizaron fondos europeos, pues ésta es la que tiene la competencia para defender los intereses financieros de la Unión Europea. Y es por este motivo por el que, tras resolverse un conflicto de competencia elevado por la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Europea mantiene parte de las pesquisas.
Funciones del juez garantías
En este sentido, la Fiscalía Europea, sin esperar a que se resolviera la discusión, pues su competencia para investigar delitos que perjudiquen las finanzas de la Unión es intocable, comunicó a la Audiencia Nacional la incoación de un procedimiento con el fin de que designara a un juez de garantías. Se trata de una figura que en España aún no existe hasta que se apruebe la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que el Gobierno mantiene congelada, con la que los jueces instructores trasladarán sus funciones a los fiscales.
No obstante, el artículo 8 de la Ley Orgánica aprobada el 1 de julio de 2021 para aplicar el Reglamento europeo para la creación de una Fiscalía propia sí que contempla las funciones del juez de garantías a quien se le atribuye la autorización de diligencias de investigación restrictivas de de derechos fundamentales; acordar medidas cautelares personales; asegurar la fuente de prueba persona ante el riesgo de la misma; o autorizar el secreto de la investigación y su prórroga. Asimismo, el juez de garantías tendrá la capacidad de acordar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de una investigación; resolver las impugnaciones contra los decretos del fiscal europeo delegado; o adoptar medidas para la protección de testigos y peritos que procedan a instancia de la Fiscalía.
Según han explicado las fuentes consultadas, el juez Abascal debe dictar ahora una resolución, que ha aplazado hasta que el conflicto de competencias se resolviera, en la que notifique que ha tenido conocimiento del procedimiento iniciado por la Fiscalía europea. Ello no implicará de ningún modo la apertura de una causa judicial, pues la investigación será desarrollada por la Fiscalía Europea, pues de acuerdo con dicha norma, su papel será meramente testimonial, ya que no se encargará del avance de las diligencias, insisten las mismas fuentes.
Más causas europeas en la Audiencia
El juez Abascal llegó al Juzgado Central de Instrucción número 1 en junio de 2021, tras pasar anteriormente como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado de conocidas macrocausas como 'Tándem', 'Púnica' o 'Lezo'. Con el cambio de de despacho, el magistrado se hizo cargo de otras causas complejas como el caso 'Soule', sobre las presuntas irregularidades de contrataciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Ángel María Villar; el rastreo de los fondos que recibió el ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y su entorno familiar de la petrolera venezolana PDVSA; o la causa sobre la presunta macroestafa piramidal de inversiones en criptomonedas liderada por el bróker Javier Biosca.
Las fuentes consultadas apuntan que lo cierto es que el contrato de las mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, no es el primer caso que la Fiscalía Europea ya analiza y ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional para que 'vigile' que el procedimiento no vulnera ningún derecho. Habría hasta una decena de causas, si bien éste es el más mediático de todos, según indican. El artículo 7 de la mencionada ley orgánica destaca que dicho órgano judicial tendrá que constituir un juez de garantías, ya que "será competente para el conocimiento y fallo de los procedimientos previstos" en la norma; mientras que en caso de aforados serán el Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia.
La investigación no judicializada
Cabe destacar que las diligencias que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción, encaminadas a esclarecer si se cometió algún delito de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación o negociaciones prohibidas a los funcionarios, no están judicializadas, sino que se encuentran en una fase preprocesal. El jefe de esta Fiscalía, Alejandro Luzón, abrió una investigación el pasado 23 de febrero al aceptar las denuncias que presentaron el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid con el objetivo de "confirmar o descartar la trascendencia penal" de los hechos expuestos por los partidos de la Asamblea de Madrid en sus escritos.
Asimismo en su decreto, Luzón explicó que la "relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública" es uno de los principales motivos por lo que se empieza a investigar. Y este es, precisamente, el argumento que Anticorrupción ha sostenido para defender su competencia y rechazar la petición de la Fiscalía Europea, que reclamó toda la causa. Un criterio que ha sido respaldado este lunes por la fiscal general del Estado. Asimismo, el jefe de esta Fiscalía especializada apuntó a la necesidad de analizar la "indiscutible trascendencia social del contexto" en el que tuvo lugar la adjudicación, ya que era "necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña", en pleno confinamiento por la covid-19.
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