El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ya ha reabierto 'oficialmente' la investigación a Repsol y CaixaBank por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2011 con el objetivo de frenar el pacto sindicado entre Sacyr Vallehermoso y la mexicana Pemex para hacerse con el control de la petrolera española. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado para este mismo viernes a los 'compliances' de ambas compañías para aclarar si se aplicaron debidamente los controles de prevención de delitos con el encargo que se realizó al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, y el abono de sus servicios.
Las comparecencias tendrán lugar una semana y media después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocara la decisión que adoptó el juez instructor el pasado mes de septiembre de dar por finiquitada la pieza separada número 21 de la macrocausa 'Tándem'. En esta resolución, el magistrado instructor descargó la responsabilidad de la contratación del agente encubierto, mientras éste seguía en activo en la Policía Nacional, a los entonces responsables de Seguridad de Repsol y Caixa, Rafael Araujo, Miguel Ángel Fernández Rancaño y Rafael Girona, a quienes procesó junto al propio Villarejo; el socio de éste en Cenyt, Rafael Redondo; y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño.
No obstante, estos procesamientos han quedado sin efecto, al igual que el archivo decretado para cuatros exdirectivos de la petrolera y la entidad financiera. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal dio el pasado 7 de marzo la razón a las acusaciones ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción, el partido Podemos y el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, representado por el abogado Jaime Campaner, al afirmar que los pronunciamientos del juez instructor son precipitados, debido a que esta vigesimoprimera línea de investigación del conocido 'caso Villarejo', centrado en lo que el polémico policía denominó como 'proyecto Wine', aún no se ha agotado. Quedan diligencias por practicar, zanjó.
El rumbo que debía tomar la causa (la reapertura de la investigación) estaba claro desde hace más de un mes. A principios de febrero, el mismo tribunal dio un giro de 360 grados al procedimiento y anuló el archivo de la causa para Repsol y CaixaBank y sus líderes, Antonio Brufau (en el caso de la petrolera) e Isidro Fainé (en el caso de la fundación de la entidad bancaria). Fue en este momento cuando la Sala de lo Penal ordenó llamar a los responsables de cumplimiento normativo ('compliance') y auditoría para profundizar en si funcionaron con eficacia los controles internos de las cotizadas en relación al encargo que se hizo a Villarejo.
Así, siguiendo estos mandatos, el juez García Castellón dictó el pasado 14 de marzo una providencia, a la que ha tenido acceso La Información, para citar a declarar este viernes, en calidad de testigos, al 'compliance' de Repsol, Enrique Hernández; a su homólogo en CaixaBank, Carlos López Agudo; y a la directora de Auditoría Interna de la entidad bancaria, María Luisa Retamosa Fernández, para el "esclarecimiento de los hechos delictivos objeto de investigación en la presente pieza". Fuentes jurídicas conocedoras de esta causa explican que estas declaraciones son relevantes no solo porque la Sala de lo Penal haya ordenado realizarlas, sino porque dependiendo de las manifestaciones de estos directivos, Anticorrupción y el resto de acusaciones podrán solicitar nuevas pruebas o, por el contrario, si consideran que la instrucción ya sí que ha quedado concluida, podrán apoyar el criterio inicial del magistrado instructor.
Sospechas de 'troceo' de facturas
Cabe recordar que alguna de estas testificales también fue solicitada -y denegadas- por algunos de los investigados, que entendieron que la declaración del jefe del responsable normativo de Repsol es necesaria para demostrar que el contrato de Cenyt se ajustó a la normativa en contra de las sospechas de Anticorrupción. Por su parte, el Ministerio Público ve "útil" y "pertinente" su comparecencia, no solo por ser la persona encargada dentro de la corporación de supervisar que las normas internas se están aplicando, sino por ser el autor de un informe, elaborado en diciembre de 2019, de revisión de la regularidad de la contratación de las empresas de Villarejo, en el que se expone el proceso interno para el pago de facturas.
Es decir, Anticorrupción considera que es necesario contar con su testimonio debido a que existen dudas de que los pagos realizados en 2011 y 2012 en realidad corresponden al 'troceo' de un servicio en "tres encargos independientes", sin superar ninguno de ellos 100.000 euros. El objetivo de este "fraccionamiento" de facturas sería permitir que el exjefe de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, diera su autorización sin pasar por sus superiores, explica el Ministerio Público en sus recursos. En total, la petrolera afrontó 218.900 euros, mientras que los 194.700 euros restantes los abonó el banco, que se adhirió al encargo como principal accionista de Repsol en aquella época. En cuanto a la testifical de la jefa de Auditoría del banco, la Fiscalía advierte que sería la responsable de haber ordenado un informe sobre la contratación en cuestión.
Sin contrato ni pedido
Así las cosas, la Sala de lo Penal instó a interrogar a estos directivos, así como al autor del informe pericial de KPMG que Repsol aportó a la causa, donde se analizaba todo el sistema de cumplimiento normativo que ya estaba instaurado en la petrolera en 2011 -quien no ha sido citado todavía-, para dilucidar si las empresas investigadas tienen alguna responsabilidad penal en la contratación de Villarejo. Entre los indicios de irregularidad, el tribunal señaló que tanto la empresa que dirige Brufau como la entidad financiera pagaron facturas a Cenyt, pese a que no figuraba como proveedor autorizado, lo que facilitó la omisión de la "preceptiva intervención de la unidad de compras para la realización del cuestionario de calificación". También destacó que no se celebró ningún contrato ni pedido y que los conceptos de facturación "no respondían a la realidad de los servicios prestados".
Con todo ello, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal creen que existen indicios de los que se desprenden que "la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto Sacyr-Pemex, partió del señor Brufau" y que tanto éste como Fainé recibían información detallada del desarrollo del 'proyecto Wine', que costó en total 413.600 euros.
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