El 'caso Abengoa' sigue adelante. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado prorrogar, por otros seis meses -hasta el próximo mes de diciembre-, la investigación que se inició en 2016 por la presunta manipulación de las cuentas del grupo industrial entre 2014 y 2016. Una decisión que llega en plena crisis, después de que la firma haya solicitado el preconcurso de acreedores al no obtener el visto bueno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para recibir un rescate por 249 millones de euros. Ello ha provocado que el Gobierno y la Junta de Andalucía hayan comenzado a buscar una vía de salvación de la multinacional, en la que se ha dejado fuera al presidente de la matriz, Clemente Fernández.
De forma paralela, el 'calvario' judicial continúa en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que, pese a los casi seis años de investigación que suma la causa, aún quedan numerosas diligencias por practicar con el objetivo de aclarar si a través de las filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía se maniobró para ocultar su realidad contable, perjudicando así a los socios, a los accionistas y a los inversores. En concreto, el magistrado Moreno sospecha que se escondió de manera sistemática las pérdidas de activos y que se habrían incluido certificaciones de obras no suficientemente acreditadas -por valor de al menos 4.514 millones de euros- para provocar una "notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad".
En este sentido, el juez instructor requirió el pasado mes de febrero a la Intervención General del Estado (IGAE) la designación de dos funcionarios para que examinaran las cuentas de Abengoa, así como el análisis realizado por Deloitte, para comprobar si ambas compañías "ocultaron" la situación de deterioro en la que se encontraba la empresa "con anterioridad a su colapso financiero" en 2015, cuando su ampliación de capital por 650 millones se vio frustrada. La orden de elaborar esta pericial fue ratificada un mes después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al considerar que es "útil, necesaria y pertinente" para el avance de la causa.
Además en estas fechas, la misma Sala se negó a levantar la imputación de la auditora bajo el argumento de que todavía es "necesaria la práctica de determinados medios de prueba o diligencias de investigación". Ambas compañías se encuentran investigadas desde febrero de 2020 por los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable, a instancia de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que amplió su querella inicial que, en principio, sólo se dirigía contra el expresidente de la empresa sevillana Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega.
Según han informado fuentes jurídicas, los peritos de la IGAE designados como auxilio judicial en este procedimiento prácticamente no han comenzado a elaborar su informe debido a la complejidad de la documentación a analizar. Ello justifica que el magistrado instructor acordara la semana pasada extender las pesquisas, al menos seis meses más, al constatar que no es posible que la instrucción termine en el plazo estipulado el pasado mes de enero, cuando también se aprobó ampliar el tiempo de la investigación que ahora expira. Las fuentes apuntan que, además de la mencionada pericial, quedan pendientes más pruebas solicitadas por las acusaciones, así como una ronda de interrogatorios prevista, que no aún no han podido celebrarse.
Registro de la sede central
Esta causa -denominada como 'Abengoa II'- se inició en 2016 a raíz de una querella presentada por un grupo de acreedores de la multinacional. En un principio, el juez Ismael Moreno rechazó abrir un procedimiento para investigar estos hechos, pero una orden de la Sala de lo Penal le obligó a cambiar de criterio. La investigación tuvo un fuerte impulso el 13 de abril de 2021 -fechas en la que la empresa ya atravesaba dificultades similares al actual- cuando la Guardia Civil irrumpió en la sede central de la compañía en el complejo Campus Palmas Altas de Sevilla con el fin de localizar documentación relevante para la investigación, que se remontaría a la etapa en la que Felipe Benjumea -hijo del fundador de Abengoa- fue presidente.
Desde entonces, la Policía Judicial trabaja en el estudio de la ingente documentación incautada y todos los correos electrónicos corporativos que 41 personas -que aparecen en el 'forensic' que elaboró KPMG- intercambiaron entre los meses de enero de 2013 y diciembre de 2016 para poder plasmar sus conclusiones en los informes requeridos por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Y fue en este hecho en el que el magistrado Moreno sostuvo la ampliación de la investigación hace medio año, al entender que de este análisis policial podrían nacer otras diligencias, incluso nuevas imputaciones. Esta intención sigue en pie, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas.
Así las cosas, el magistrado apoya su principal tesis sobre la falsedad de las cuentas de Abengoa en los informes aportados por los perjudicados acerca de la ocultación de deterioros desde el año 2014; en las dudas de los bancos, que finalmente no participaron en la ampliación de capital de 650 millones de euros en septiembre de 2015; y en la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC) de febrero de 2018, que sancionó a Deloitte y al auditor Manuel Arranz, al constatar irregularidades que afectaron de manera directa a la imagen fiel que estaba trasladando al mercado. El organismo concluyó que no se recabó evidencias suficientes sobre más de 4.500 millones de euros (el 63% del volumen de negocio) que tuvo la empresa proveniente de la actividad de ingeniería y construcción.
