La investigación al BBVA por contratar durante 13 años al comisario jubilado José Manuel Villarejo sigue en curso, al menos, durante seis meses más. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que abrió en diciembre de 2018 esta novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem', o también conocido como 'caso Villarejo', ha acordado una nueva prórroga que estará vigente hasta el próximo 29 de julio con el objetivo de poder interrogar a los exdirectivos del banco imputados que han solicitado ahora declarar tras llevar dos años guardando silencio y a la espera de resolver varios recursos que pueden abrir la puerta a citaciones de nuevos testigos.
Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en un auto dictado este jueves 27 de enero, al que ha tenido acceso La Información, tras revisar las distintas posturas manifestadas por las partes personadas en este procedimiento. En este sentido, investigados como el expresidente de BBVA Francisco González; el exconsejero delegado Ángel Cano; el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar; o las acusaciones ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción; el partido Podemos; y los que fueran responsables de Ausbanc Luis Pineda y Ángel María Garay, solicitaron ampliar las pesquisas, frente a la posición de los investigados BBVA, el director de Auditoría Interna del banco Joaquín Gortari, o los expolicías Constancio Riaño y Manuel Vázquez, que consideran que la investigación está más que finiquitada.
El juez de la Audiencia Nacional en especial ha seguido el criterio de Anticorrupción, que recuerda que a principios del mes de enero se acordó las citaciones de varios empleados del banco para aclarar hasta qué punto en el seno de la entidad se sabía que Cenyt, el entramado empresarial que fue contratado por BBVA para realizar presuntos trabajos de espionaje enmarcados en servicios de seguridad e inteligencia corporativa, estaba liderada por Villarejo, entonces aún en servicio activo en la Policía Nacional. Así, para mediados de febrero, el instructor tiene previsto tomar declaración como testigos, entre otros, a los entonces responsables de la sucursal en la que el comisario jubilado decidió abrir varias cuentas justo después de que fuera contratado en 2004 por primera vez para intentar frenar el intento de Sacyr Vallehermoso de asaltar el consejo de administración del banco.
En este sentido, el Ministerio Fiscal también recuerda que se requirió a PwC, que se encargó de realizar una investigación interna en BBVA, a petición de los abogados del banco, que explicara ciertos detalles sobre el hallazgo de un informe interno de la entidad en el que se exponía el contexto por el que las relaciones particulares con Cenyt se tornaron algo convulsas, después de que Villarejo les demandara por "engaño" al no registrar la rentabilidad estimada en una de sus cuentas. En concreto, los fiscales querían saber por qué este documento, que refleja que el agente encubierto había valorado su grupo empresarial en más 46 millones de euros para justificar su solvencia, se vinculó directamente con el exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano y no se mencionó que el mismo había pasado al menos por las manos de otros dos empleados del banco. La consultora ya ha respondido que no se identificaron a dichos trabajadores porque no fueron objeto de investigación en su 'forensic'. No obstante, el juez también les ha citado a declarar como testigo para conocer su versión de los hechos.
Tras dos años sin declarar
Pero en esta ronda de declaraciones no será entera de testigos y peritos, pues también comenzarán a comparecer como investigados los exdirectivos de BBVA que en 2019 se acogieron a su derecho a no declarar, alegando que las diligencias se encontraban bajo secreto de sumario y por tanto no conocían los indicios delictivos que se le atribuían. Estos exaltos cargos llevaban tiempo sospesando pedir la comparecencia ante el juez, pero fue a finales de 2021, ante la incertidumbre de que el juez pudiera acordara el fin de la instrucción esta semana -cuando expiraba la prórroga que se acordó el verano pasado-, cuando muchos de ellos hicieron firme su intención de declarar para explicar cuál fue su intervención en la contratación del comisario jubilado y el abono de sus servicios.
La avalancha de peticiones llegó después de que dos de ellos se adelantaran: el exdirector de Seguridad, Julio Corrochano, que ratificó un escrito que había mandado al juzgado relatando cómo y por qué comenzaron las relaciones comerciales con Cenyt en diciembre de 2004; y el ex CEO Ángel Cano. Ambos señalaron que la contratación de Villarejo tuvo lugar después de que el expresidente del banco Francisco González pidiera encontrar alguna empresa especializada que pudiera contener la OPA lanzada por Sacyr, al tiempo que aseguraron que este asunto lo llevaron directamente el entonces máximo responsable de la entidad y el encargado del departamento de Seguridad, aunque no entrara dentro de sus competencias.
Así, se sumaron a las declaraciones voluntarias el que fuera responsable de Regulación y Control Interno de BBVA hasta la imputación del banco como persona jurídica en julio de 2019, Eduardo Arbizu; el exjefe del Departamento de Contabilidad y Supervisión Ricardo Gómez Barredo; director de Finanzas Javier Malagón; el que fuera director de los servicios jurídicos del banco en España y Portugal entre 2006 y 2013 José Manuel García Crespo; el exjefe de los servicios jurídicos del banco, Eduardo Ortega; uno de los responsables del Departamento de Seguridad, Nazario Campo; el exdirector de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; y el exdirector de Riesgos del Grupo BBVA Manuel Castro.
Cuestiones pendientes
Por el momento, el juez García Castellón ha puesto fecha para las declaraciones de Eduardo Arbizu (14 de febrero), Manuel Castro (16 de febrero) y Ricardo Gómez Barredo (18 de febrero). Asimismo, el magistrado subraya en su resolución que aún quedan pendientes por resolver algunas cuestiones, como la petición realizada por la acusación ejercida por Ángel María Garay, que solicitó que se llamara a declarar como testigo al exdirector general de la Policía Nacional y exsenador 'popular' Ignacio Cosidó para que aclare si en la comida que se celebró el 7 de enero de 2015 en el complejo policial de Canillas (Madrid), en la que participó Francisco González, se gestó la denuncia anónima contra Ausbanc que provocó la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional contra el líder de la asociación de consumidores de banca, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quienes han sido condenados por extorsión.
Otro asunto que aún está en el aire son los recursos que interpusieron BBVA y el expresidente de DCN Antonio Béjar contra la citación como testigo el próximo 18 de febrero del director de los servicios jurídicos del banco, Adolfo Fraguas, para que explique el funcionamiento de la contabilidad de la entidad. Según el exdirectivo de la entidad financiera, Fraguas no puede comparecer ante el juez, ya que en 2019 fue la persona encargada de defender a la entidad financiera en su declaración tras la imputación como persona jurídica. En la misma línea se manifiestan los abogado del banco que dirige Carlos Torre, pero en un tono más relajado, al afirmar que este responsable fue designado entonces como representante legal, al tiempo que no conoce los detalles contables de la empresa. Por ello, ofrece la comparecencia de un técnico para aclarar las dudas de los investigadores.
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