El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar el caso ‘Tándem’, ha imputado un nuevo delito de administración desleal al expresidente del BBVA Francisco González, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta utilización de recursos del banco para su "uso exclusivamente personal". El que fuera máximo representante de la entidad financiera ya estaba investigado, desde noviembre de 2019, por cohecho y revelación de secretos.
En un auto notificado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 comunica al expresidente del banco que su investigación también se extiende por "su presunta participación" en este nuevo delito, al constatarse la posible "utilización de recurso para valorar la adquisición de una finca a título privado". Por ello, el magistrado le ofrece la posibilidad de volver a declarar, "si lo estima oportuno", para aclarar los hechos que ahora se le atribuyen.
Los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro instaron al juez a que informara a Francisco González de que las pesquisas también iban encaminadas a esclarecer esta cuestión, que salió a relucir en el interrogatorio de otros de los investigados, el que fuera director de Riesgos de BBVA Antonio Béjar. Según señaló en su declaración, el actual jefe de auditoría interna y otrora 'mano derecha' del expresidente, Joaquín Gortari, le habría dado "instrucciones precisas" para que "los detectives esos" que trabajaban para el banco, en referencia a Cenyt -el entramado empresarial de Villarejo, investigaran la situación jurídica del propietario de una finca que González quería adquirir en El Escorial (Madrid).
Gortari declaró el pasado 15 de julio y, al ser preguntado al respecto por este asunto, precisó que, aunque no era habitual que los empleados del banco solicitaran a la propia entidad obtener información registral para cuestiones personales, González sí pidió este tipo de datos para evitar cualquier conflicto de intereses o riesgo reputacional para la entidad que presidía, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. En este sentido, indicó que únicamente pidió información a Béjar, como responsable del área inmobiliaria, en interés del banco, pero que nunca exigieron un informe al respecto. Cabe recordar que BBVA archivó el expediente que abrió al que fuera jefe de Gabinete de González al no encontrar ninguna irregularidad en esta gestión.
Tras conocer la atribución de un nuevo delito, la defensa del expresidente de BBVA ha presentado un recurso de 17 páginas en el que critica al juez que haya adoptado esta decisión sin argumentar suficientemente por qué se amplía la imputación. Asimismo, el escrito subraya que la petición que habría hecho González a Gortari, relacionada con unas fincas en las que habría estado interesado para adquirir a título personal, "no supone en ningún caso la comisión de un delito de administración desleal", sino que "se trataría de una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA".
Asimismo, la defensa advierte de que Anticorrupción no puede acusar a González ni por el delito de administración desleal contemplado actualmente en el Código Penal, ya que no se encontraba vigente en el momento de los hechos, ni por el entonces entonces en vigor, puesto que requiere de la denuncia de un perjudicado que en este caso no existe.
Para aclarar el contenido del 'Google Drive'
Por otro lado, el juez García Castellón también, a instancia del Ministerio Público, ha acordado citar a declarar -aún sin fecha- como investigado al director de Comunicación de BBVA, Pablo García Tobin, por un delito de encubrimiento. Esta imputación deriva de la declaración a petición propia de la jefa de Seguridad de BBVA e investigada, Inés Díaz Ochagavia, en la que, informó de que iba a aportar a la causa un dossier con toda la información recopilada sobre los encargos realizados al comisario jubilado, documentación que finalmente no entregó.
Según recoge la resolución del juez, la jefa del Departamento de Seguridad explicó que dicha carpeta en Google Drive se creó a instancia de Tobin para “levantar la información” que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt. En este contexto, concretó que el primer fichero contenía un resumen de lo que se conocía en dicho momento y que el director de Comunicación era el que autorizaba a las personas el acceso a dichos archivos. Con motivo de esta revisión, Díaz Ochagavia indicó también que se contactó con su antecesor en el cargo, Julio Corrochano -también imputado en esta causa-, y que se recabó desde seguridad corporativa cuanta información pudiese existir en la entidad, tanto soporte físico como informático.
La defensa del banco insistió en que dicha carpeta no contenía ningún archivo que no hubiese sido aportado con anterioridad a la causa. Con el fin de demostrar esta afirmación, la entidad entregó dicho 'drive', acompañado de un informe pericial elaborado el 15 de marzo de 2021 sobre la adquisición de evidencias electrónicas de archivos ubicados en los entornos de almacenamiento del cliente. No obstante, el juez, que asume la tesis de Anticorrupción, afirma que "lo aportado no responde a lo que se dijo se iba a aportar" y de ahí que se aprecie la necesidad de citar como investigado al director de Comunicación, "a los efectos de esclarecer estos extremos".
Los fiscales argumentaron en su escrito del pasado 8 de julio, en el que se mostraron a favor de prorrogar esta línea de investigación del caso 'Tándem' durante al menos seis meses, que en la información de la que dispuso la consultora PwC para elaborar su 'forensic', más en la documentación referenciada por el BBVA, "no consta" ni aquella carpeta, que fue creada por el director de comunicación, "ni la relación específica de metadatos" que permitiría realizar la trazabilidad desde la creación del archivo hasta su actualidad, lo que evidenciaría "qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo, máxime cuando existen correos electrónicos con archivos adjuntos sin que consten estos últimos". En este sentido, el juez también cita a declarar como testigo al perito para que explique por qué no se presentaron los metadatos del archivo desde su creación, como afirmó la defensa del banco que se haría.
El auto además afirma que existen suficientes indicios para situar "irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posición procesal de 'colaboración' de la entidad". Parte de estas sospechas se centran en que el BBVA, a través de Corrochano, estuvo trabajando con las empresas del agente encubierto a lo largo de 13 años, labores por las que Villarejo habría cobrado más de 10 millones de euros, que la contratación se hizo "al margen del procedimiento de selección de proveedores de la entidad" y "se mantuvo opaca para muchas de las personas que deberían haber tenido conocimiento de la misma". Asimismo, destaca las grabaciones incautadas al comisario jubilado que "ponen en evidencia" que el exjefe de Seguridad "trataba de estos temas con 'el jefe', siendo la única persona que puede responder a ello, el expresidente de la entidad Francisco González".
Reclama más documentación
Para seguir indagando en dichas presuntas irregularidades, el juez García Castellón también accede a otra petición de los fiscales acerca de la cuenta que Cenyt abrió en diciembre de 2004 en BBVA, con el fin de aclarar si su apertura y la designación de la oficina fue “impuesta” por el banco "como forma más fácil para facilitar los pagos". Por ello, oficia a la Policía a que acuda a dicha sucursal bancaria para recabar diversa información como el contrato de apertura, cartulina de firmas, relación de apoderados y contratos o escrituras públicas aportados, soportes contables de las operaciones realizadas, identificación de las personas que hayan operado en dicha cuenta, así como las operaciones de extracción de cantidades en metálico desde la apertura de la citada cuenta hasta la actualidad.
Asimismo, el instructor requiere más información al banco sobre las facturas abonadas a Villarejo y pide que aporte una certificación que "acredite de forma exacta las personas que constan como autorizadores" de dichos pagos; así como un informe del responsable de contabilidad del BBVA en el que se explique en qué casos las facturas de un proveedor contratado por el BBVA pueden ser contablemente registradas contra una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago de proveedores. Junto a toda esta documentación el magistrado quiere que también se le remita la normativa contable interna del banco que explique cuál es el funcionamiento de los pagos para poder analizar "de forma autónoma y sin intermediarios" si las facturas giradas por las empresas del comisario jubilado se registraron contablemente de manera adecuada.
Por último, el magistrado instructor también acuerda otra diligencia para averiguar si Béjar o Corrochano tuvieron alguna responsabilidad en la autorización de pagos a Villarejo que el 'forensic' les atribuyó. Debido a que Anticorrupción considera que debió "tratarse de un error" que se relacione el número que aparece como autorizador con el exjefe de Seguridad de BBVA, el juez solicita de nuevo a PwC que precisé de dónde obtuvo la información para llegar a dicha conclusión. Asimismo, llama a declarar como testigo a César Béjar Hurtado, ya que "todo apunta a que, bien fue el redactor del informe, bien su receptor".
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