Justo un año ha estado investigado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el archivo de la macrocausa 'Tándem' con respecto al máximo responsable de la compañía eléctrica al estimar el quinto recurso presentado contra su imputación. El magistrado considera que los delitos de cohecho activo continuado, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil por los que se le investigaba están prescritos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional imputó a Sánchez Galán junto a su cúpula directiva en el momento de la contratación de Villarejo -cuyo sobreseimiento también se acordó- el 23 de junio de 2021 al entender que existían indicios de que conocía los diferentes trabajos de espionaje que presuntamente Iberdrola encargó desde 2004 hasta 2017 al Grupo Cenyt, dirigido por el agente encubierto, quien entonces seguía en activo en la Policía Nacional. Ahora, el juez instructor sigue el criterio expuesto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un reciente auto en el que señala que los presuntos delitos investigados estarían prescritos, pues "han transcurrido más de diez años entre la fecha en que se cometió el último hecho imputado (en 2009) y la de su citación como investigado", el pasado 18 de enero.
La Sala de lo Penal expuso este argumento al estimar el recurso de apelación del exjefe de Gabinete de Presidencia de Iberdrola Rafael Orbegozo. Así las cosas, el juez García Castellón entiende que tiene que acordar el sobreseimiento libre para el presidente de Iberdrola, pese a que ha desestimado sus reiteradas peticiones de archivo, pues "la contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor". "Puede concluirse conforme a los argumentos transcritos que los delitos imputados a José Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad", explica en su resolución.
Según recuerda el auto el comisario Villarejo desarrolló los proyectos denominados 'Arrow', cuyos trabajos se comprendieron entre los años 2004 y 2006, con el objetivo de superar los obstáculos, tanto administrativos como motivados por la oposición de una parte de los ciudadanos de la zona, que estaban surgiendo en la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz); 'Black Board' o 'B-B', en 2004 y 2005, con el objeto de obtener información supuestamente sensible sobre actividades de Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa; y los 'Gipsy' y 'Posy', en 2009, relacionados con el presidente de ACS, Florentino Pérez. Primero, Sánchez Galán ejercía como vicepresidente y consejero delegado de la eléctrica, y después, desde 2006, como presidente de la compañía.
Tras descartar la imputación de Iberdrola
La desimputación de Sánchez Galán en la pieza separada número 17 del conocido como 'caso Villarejo' llega dos semanas después de que el juez instructor descartara ampliar la imputación a todo el Grupo Iberdrola por la contratación del comisario jubilado, al entender que sería "desproporcionado". De este modo, siguió el criterio expuesto por la Fiscalía Anticorrupción y solo ha mantenido la investigación como persona jurídica la filial Iberdrola Renovables Energía, en relación al pago de una factura del un encargo realizado en 2011.
El presidente del primer grupo eléctrico de España defendió en su declaración como investigado que tuvo lugar a principios de año que él "jamás" había hablado con Villarejo. Asimismo, aseguró que no tenía ningún conocimiento de la contratación con Cenyt, ya que es "técnicamente imposible" saber cuáles son las 19.000 empresas que trabajan como proveedores. En este sentido, apostilló que Iberdrola trabaja con un "sistema descentralizado" en el que los directores de cada departamento tienen autonomía y poder de iniciativa para tomar las decisiones que consideraran oportunas.
Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado también el sobreseimiento respecto de otros dos investigados , José Luis San Pedro Guerenabarrena y Juan Carlos Rebollo en cuanto al delito de cohecho, si bien por el de coacciones en relación de la denuncia del ex 'controller' José Antonio Del Olmo, acuerda remitirlo a un juzgado de Bilbao por no ser competente para instruir estos hechos.
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