El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declarará el próximo 5 de abril en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por el supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El exdirector general del FMI tendrá que responder de las acusaciones de blanqueo contenidas en un informe de la UCO fechado en marzo de 2017, que entre otras cosas considera que existen indicios suficientes de que empleó sociedades domiciliadas en el extranjero -Vivaway y Kradonara- utilizando como testaferros sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida.
El fin último de esta sociedades, siempre según la UCO, era defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al fisco.
Desde 2006, otras dos sociedades, Westcastle y Red Rose, habrían canalizado fondos de Vivaway y Kradonara, cantidades que la UCO estima en torno a los 8 millones de euros.
Dado que todas ellas pertenecen "a la misma persona", Rato, el tribunal defendía la necesidad de establecer qué cantidad de dinero llegó de las dos primeras hasta las segundas, que la UCO sitúa en torno a los 8 millones de euros, hecho en el que se sustenta esta última citación.
Al respecto, explicaban que las pesquisas sobre este último delito, que Rato habría cometido en la época en la que fue ministro de Economía (1996-2004), "no son lo suficientemente reveladoras" ni aclaraban si utilizó "su posición privilegiada de numerosas empresas públicas" para influir en el nombramiento de sus presidentes.
De igual modo, la Audiencia recordaba que a partir del año 2006 Westcastle y Red Rose canalizaron los fondos que manejaban a través de las otras sociedades anteriormente citadas, investigadas como los presuntos instrumentos para la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública.
Refutaron así una de las conclusiones de la UCO, que señalaba a COR Comunicación como la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones).
En lo referente al delito de blanqueo, el tribunal destacaba la existencia de pruebas que apuntan que el expresidente de Bankia empleó Vivaway y Kradonara con el "fin último, se adivina sin esfuerzo, de defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco".
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