Como investigado por contratar a Villarejo

El juez citará a Galán después del verano tras resolver sus peticiones de nulidad

La compañía eléctrica y su presidente plantearon anular parte de la instrucción como respuesta a las imputaciones. El magistrado suspendió los interrogatorios para evitar que la empresa se viera indefensa.

Sánchez Galán
El juez ultima las nulidades de Iberdrola para llamar a Galán después del verano.
Europa Press

La citación del presidente de Iberdrola en el caso 'Tándem' dependerá de cuándo el juez instructor resuelva las nulidades que tanto su abogado como la propia empresa han planteado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, tenía previsto escuchar a como investigados a Ignacio Sánchez Galán y al que fuera su cúpula directiva en la época en la que se contrató con el comisario jubilado José Manuel Villarejo a principios del pasado mes de julio, pero dos escritos presentados por el equipo jurídico de la compañía y por la defensa del máximo representante de la eléctrica solicitando dejar sin efecto todo lo instruido en el último año paralizó los interrogatorios.

Fuentes jurídicas consultadas por La Información han señalado que tras cerrar una intensa última semana de julio, en la que ha propuesto llevar a juicio al agente encubierto por cinco piezas separadas de la treintena que conforman la macrocausa, entre ellas la relativa a la denominada 'operación Kitchen', y ha archivado el caso con respecto a Repsol y CaixaBank y a sus líderes Antonio Brufau e Isidro Fainé, el magistrado está revisando las peticiones realizadas sobre retrotraer la investigación abierta en torno a Iberdrola -que se inició en octubre de 2019- al menos un año. Una decisión de la cual dependerá la fecha en la que se convoque a declarar como imputados a la cúpula directiva de Iberdrola, comparecencias que, en cualquier caso, no tendrá lugar hasta que pase el verano, ya que el mes de agosto es tradicionalmente inhábil en los tribunales para practicar todas aquellas actuaciones que no sean urgentes.

Todo surgió después de que el juez de la Audiencia Nacional encargado de analizar los negocios privados que llevó a cabo Villarejo mientras seguía en activo en la Policía Nacional otorgara el pasado 23 de junio la condición de investigados a Sánchez Galán, a su número dos, Francisco Martínez Córcoles, al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker y al que fuera jefe de Gabinete de Presidencia de la compañía Rafael Obergozo por un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil en la pieza 17 de la macrocacusa ‘Tándem’. En concreto, dos días después, el magistrado pidió un informe a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes al encontrarse en la disyuntiva de imputar a la empresa del Ibex 35 como persona jurídica o dejar a la misma que se personara como acusación contra el exdirector de Control Corporativo de la compañía José Antonio del Olmo, contra quien presentó una querella. 

Ante las dudas expuestas, el equipo jurídico de Iberdrola pasó directamente a la ofensiva y registró un escrito solicitando la nulidad de todas las diligencias practicadas desde el pasado 27 de mayo, día en el que la eléctrica recordó al juez García Castellón que diez meses antes había aceptado acumular al caso 'Tándem' la querella presentada contra Del Olmo -a quien el magistrado considera un "testigo clave"- en un juzgado de Bilbao, y aún no había ordenado realizar ninguna prueba al respecto ni había dado traslado al sumario a la empresa. La primera respuesta del instructor fue suspender las declaraciones de Sánchez Galán y su equipo para evitar la "posible indefensión" de la empresa, ya que aún no se había resuelto su situación procesal.

La segunda reacción llegó el pasado 9 de julio con la imputación como persona jurídica de la filial Iberdrola Renovables Energía por contratar a Villarejo en 2011 para presuntamente espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que la empresa se había aliado para acometer proyectos en Rumanía. Aunque la eléctrica dirigida por Sánchez Galán habría trabajado con el comisario jubilado desde el año 2004, con una "continuidad en el tiempo", tal y como señaló el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ésta quedó fuera de la investigación, dado que las actuaciones de las personas jurídicas son perseguibles desde 2010 cuando se contemplaron en el artículo 31 bis del Código Penal.

Iberdrola fue excluida del procedimiento

Además, para despejar cualquier interrogante sobre si Iberdrola podía formar parte del procedimiento, el juez entendió que los hechos denunciados contra Del Olmo habían prescrito, por lo que acordó archivar la querella por un delito de falsedad documental relacionado con la elaboración de un informe -que fuentes del entorno empresarial aseguran que no consta registrado internamente-, en el que se acusa directamente a Sánchez Galán de estar al tanto de los encargos realizados a Villarejo. Fue entonces cuando la defensa del presidente de la eléctrica entró en escena y pasó al ataque, sumándose a la iniciativa de intentar anular parte de la instrucción. Es más, en su petición extendió la petición de nulidad al último año, esto es, desde julio de 2020, cuando el magistrado García Castellón aceptó quedarse con la mencionada querella después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao se inhibiera a su favor.

Iberdrola y Sánchez Galán no comparten defensa, pero sí una estrategia que sigue el mismo camino y objetivo. Y así se constata con los últimos escritos presentados por el abogado Carlos Domínguez, letrado defensor del presidente de la empresa, que exige al juez instructor que elimine del auto de imputación de la filial de energías renovables cualquier hecho que vincule a su cliente con la misma, ya que él "jamás" ha ocupado cargo alguno en esa empresa. Asimismo, el pasado lunes, el abogado solicitó el archivo de la causa para el presidente de Iberdrola atendiendo, por un lado, a la prescripción de los hechos y, por otro, al gran daño reputacional que ocasiona a dirigentes empresariales de su nivel y a sus compañías verse inmersas en un procedimiento judicial. Así, hacía alusión al argumento que el propio magistrado incluyó en el auto por el que unos días antes cerró la causa para Brufau y Fainé. 

Sobre este último punto, fuentes cercanas al caso consultadas por este diario apuntan que si las defensas no hubiesen 'atascado' el procedimiento con sus pretensiones de anular parte de la instrucción, a estas alturas el magistrado podría tener una opinión formada sobre si la cúpula directiva de Iberdrola participó en la contratación de Villarejo o no, y quizá no habría hecho falta que los abogados compararan su situación a la de los presidentes de Repsol y CaixaBank. Así las cosas, el juez tiene que resolver tales cuestiones puestas encima de la mesa antes de tomar una decisión sobre la citación de Sánchez Galán y los otros últimos imputados, así como a Iberdrola Renovables Energía, a quien ya pidió que designara un representante para poder ser interrogado por los encargos y pagos al comisario jubilado. En cualquier caso, aunque el juez se encuentre estudiando los últimos flecos sobre esta cuestión, las declaraciones, de mantenerse en pie, no serían inmediatas.

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